Alfredo Nava Pérez
Cuando usted escucha el slogan de campaña de la Presidencia
de la República, “Mover a México”, ¿realmente tiene claro el sentido de esa
frase?
Aparentemente, es un enunciado vacío, como muchos otros que hemos
escuchado en sexenios pasados; pero si
vamos más allá, al trasfondo de esta simple oración, nos daremos cuenta que es
una declaración involuntaria, quizás una
traición del subconsciente priista, en la que ellos, los actuales títeres, manejados
por el poder real de este país, aceptan abiertamente sus nexos turbios, sus
alianzas, sus “business” con los grandes empresarios que mueven el sector
económico de México.
Un ejemplo claro de este contubernio entre las clases
política y empresarial mexicanas, es el caso Sonora. La opacidad informativa y
la falta de acciones contundentes, por
parte del gobierno federal, para solucionar los problemas ambientales que dejó el
derrame de sustancias tóxicas en los ríos Bacanuchi y Sonora, causado por la mina Buenavista del
Cobre, propiedad del Grupo México,
despertaron la sospecha. Más que actos de autoridad, lo que ha hecho la federación
en torno al caso, constituye una defensa de los intereses de Germán Larrea,
dueño del 52% de las acciones del ya mencionado consorcio minero y poseedor de
la segunda fortuna más grande en México. No se puede entender de otra manera,
que la sanción más fuerte impuesta por el gobierno federal a Grupo México,
después de haber cometido deliberadamente una falta tan grave, que provocó el
mayor desastre ecológico en la historia del país, sea únicamente la creación de
un fideicomiso de aproximadamente 2 mil millones de pesos para la reparación de
los daños.
Legisladores del PRD, PT, MC y PAN han exigido al gobierno
de Peña Nieto que le sea cancelada la concesión al consorcio minero,
clausurando con esto la mina de Buenavista del Cobre; sin embargo, el
presidente de la república ha ignorado la petición. La pregunta es: ¿Por qué?
¿Por qué en lugar de hacerle justicia a los miles de sonorenses afectados, se
optó por proteger a Germán Larrea Mota Velasco? He aquí algunas razones.
El empresario mexicano fue hasta el día 19 de septiembre del
año en curso, miembro del consejo de administración del Grupo Televisa; es uno
de los más visibles aspirantes a participar y ganar una de las nuevas
concesiones de televisión abierta que el gobierno federal licitará en los
próximos meses (situación que generó su rompimiento con Emilio Azcárraga
Jean); es presidente y director de Grupo
México, el tercer consorcio minero más grande del mundo, que tan sólo una de
sus minas, en específico la que originó la catástrofe ecológica, produce
ganancias superiores a 4 millones y medio de dólares por día; preside también el
Grupo Ferroviario Mexicano (FERROMEX), la Compañía Perforadora México, S.A. de C.V.,
México Compañía Constructora, S.A. de C.V. y Empresarios Industriales de
México; además de dirigir el Banco Nacional de México (BANAMEX). Literalmente,
como dice un slogan publicitario muy conocido: “Todo México es territorio
LARREA”. Quizás por eso la protección
desde los Pinos no se hizo esperar.
Sin duda es un buen mensaje para los grandes empresarios del
país, les confirma que por encima de la ley, sigue estando el poder y el
dinero; pero una pésima señal para los
mexicanos que ratifican nuevamente el estado de putrefacción de nuestros
sistemas de procuración de justicia. Como bien lo dijo Silvia Ribeiro,
investigadora y articulista, en México “tenemos un gobierno que usa la ley para
impedir la justicia”.
En conclusión, a partir de este momento, cuando usted
escuche la frase trillada de: “Mover a México”, sabrá mejor en qué dirección lo
están haciendo los priistas, hacía la impunidad, hacía la corrupción desmedida;
un gobierno que mueve las instituciones del Estado mexicano hacía la
ignominia. Y mientras las autoridades
locales y federales siguen sin asumir la responsabilidad plena en la solución
de esta crisis ambiental, la contaminación del agua de los ríos Bacanuchi y
Sonora continúa hasta el día de hoy, dejando sin el vital líquido a más de 30 mil personas que habitan en
comunidades cercanas a la empresa minera.
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