BREVIARIO: “Mover a México”, la ignominia

Alfredo Nava Pérez

Cuando usted escucha el slogan de campaña de la Presidencia de la República, “Mover a México”, ¿realmente tiene claro el sentido de esa frase?

Aparentemente, es un enunciado vacío, como muchos otros que hemos escuchado en  sexenios pasados; pero si vamos más allá, al trasfondo de esta simple oración, nos daremos cuenta que es una declaración  involuntaria, quizás una traición del subconsciente priista, en la que ellos, los actuales títeres, manejados por el poder real de este país, aceptan abiertamente sus nexos turbios, sus alianzas, sus “business” con los grandes empresarios que mueven el sector económico de México.

Un ejemplo claro de este contubernio entre las clases política y empresarial mexicanas, es el caso Sonora. La opacidad informativa y la falta de acciones contundentes,  por parte del gobierno federal, para solucionar los problemas ambientales que dejó el derrame de sustancias tóxicas en los ríos Bacanuchi  y Sonora, causado por la mina Buenavista del Cobre, propiedad  del Grupo México, despertaron la sospecha. Más que actos de autoridad, lo que ha hecho la federación en torno al caso, constituye una defensa de los intereses de Germán Larrea, dueño del 52% de las acciones del ya mencionado consorcio minero y poseedor de la segunda fortuna más grande en México. No se puede entender de otra manera, que la sanción más fuerte impuesta por el gobierno federal a Grupo México, después de haber cometido deliberadamente una falta tan grave, que provocó el mayor desastre ecológico en la historia del país, sea únicamente la creación de un fideicomiso de aproximadamente 2 mil millones de pesos para la reparación de los daños.   

Legisladores del PRD, PT, MC y PAN han exigido al gobierno de Peña Nieto que le sea cancelada la concesión al consorcio minero, clausurando con esto la mina de Buenavista del Cobre; sin embargo, el presidente de la república ha ignorado la petición. La pregunta es: ¿Por qué? ¿Por qué en lugar de hacerle justicia a los miles de sonorenses afectados, se optó por proteger a Germán Larrea Mota Velasco? He aquí algunas razones.

El empresario mexicano fue hasta el día 19 de septiembre del año en curso, miembro del consejo de administración del Grupo Televisa; es uno de los más visibles aspirantes a participar y ganar una de las nuevas concesiones de televisión abierta que el gobierno federal licitará en los próximos meses (situación que generó su rompimiento con Emilio Azcárraga Jean);  es presidente y director de Grupo México, el tercer consorcio minero más grande del mundo, que tan sólo una de sus minas, en específico la que originó la catástrofe ecológica, produce ganancias superiores a 4 millones y medio de dólares por día; preside también el Grupo Ferroviario Mexicano (FERROMEX),  la Compañía Perforadora México, S.A. de C.V., México Compañía Constructora, S.A. de C.V. y Empresarios Industriales de México; además de dirigir el Banco Nacional de México (BANAMEX). Literalmente, como dice un slogan publicitario muy conocido: “Todo México es territorio LARREA”.  Quizás por eso la protección desde los Pinos no se hizo esperar.

Sin duda es un buen mensaje para los grandes empresarios del país, les confirma que por encima de la ley, sigue estando el poder y el dinero;  pero una pésima señal para los mexicanos que ratifican nuevamente el estado de putrefacción de nuestros sistemas de procuración de justicia. Como bien lo dijo Silvia Ribeiro, investigadora y articulista, en México “tenemos un gobierno que usa la ley para impedir la justicia”.


En conclusión, a partir de este momento, cuando usted escuche la frase trillada de: “Mover a México”, sabrá mejor en qué dirección lo están haciendo los priistas, hacía la impunidad, hacía la corrupción desmedida; un gobierno que mueve las instituciones del Estado mexicano hacía la ignominia. Y mientras las autoridades locales y federales siguen sin asumir la responsabilidad plena en la solución de esta crisis ambiental, la contaminación del agua de los ríos Bacanuchi y Sonora continúa hasta el día de hoy, dejando sin el vital líquido  a más de 30 mil personas que habitan en comunidades cercanas a la empresa minera.

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