Noé
Ibáñez Martínez
En una
democracia, la consulta popular es un mecanismo por el que se somete a
consideración de los ciudadanos una pregunta sobre un tema considerado de
trascendencia nacional, la cual tiene dos intenciones básicamente: permitir que
sean los mismos ciudadanos quienes directamente decidan sobre asuntos que se
consideran fundamentales para la vida nacional y abrir a los ciudadanos vías
institucionales para controlar el poder de sus representantes.
Cuatro
partidos políticos han acudido a esta figura de la consulta popular para
presentar una conveniente pregunta de trascendencia nacional, induciendo la
pretendida respuesta. Por un lado, el Partido de la Revolución Democrática
(PRD) y el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), que quieren preguntar
sobre la reforma energética; el Partido Acción Nacional (PAN), sobre el aumento
al salario mínimo, y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), cuya
propuesta es consultar al pueblo sobre la reducción de diputados y senadores
plurinominales.
Desde
antes de que se aprobara la legislación, el PRD y el todavía potencial partido
político Movimiento de Regeneración Nacional ya habían expresado su intención
de convocar a una consulta popular sobre la reforma energética. Aunque el tema
de la consulta y el objetivo de la misma es idéntico, revertir la reforma en la
materia, decidieron duplicar esfuerzos, dificultar más su trabajo y
eventualmente convertirse en factor determinante –suponiendo que haya
ciudadanos que firmen las dos solicitudes– para fracasar en el intento.
Hace
algunas semanas el PAN decidió impulsar una consulta popular sobre el tema de
los salarios mínimos, por lo cual ya inició su campaña de recolección de
firmas.
Y, por
si todavía no fuera suficiente, el PRI decidió llevar a consulta popular la
reducción a la mitad de los diputados plurinominales y la eliminación de dicha
representación en el Senado, y aunque el Revolucionario Institucional tiene el
número suficiente de legisladores en ambas cámaras para hacer la solicitud con
33% de los legisladores, decidió hacerlo por la vía de conseguir 2% de las
firmas de los ciudadanos del padrón.
Sin
embargo, más allá de estas acciones, la intención real es llevar más electores
(que eventualmente simpaticen con sus candidatos) a las urnas, pues no hay que
olvidar que son elecciones intermedias, que normalmente tienen un mayor
abstencionismo que las presidenciales, y la izquierda podría tener una ventaja
importante si el único tema de consulta (en la jornada electoral del primer
domingo de junio de 2015) fuese el de la reforma energética, que evidentemente
tiene más detractores entre los votantes de la izquierda. Es fundamentalmente
una estrategia de mercadotecnia electoral.
Si no
tuvieran otro interés que el de impulsar estos temas, hubieran utilizado una
ruta distinta, por ejemplo, los legisladores del PRI pueden con sus firmas
pedir la consulta popular, ya que se necesitan las firmas del 33 por ciento de
los legisladores de cualquiera de las cámaras para promover una consulta, es
decir, que no hacía falta que el PRI gastara millones de pesos en publicidad y
en logística para recoger las firmas de casi dos millones de mexicanos, porque
bastaba con pasar un formato entre sus legisladores para cumplir el requisito.
Y lo
más lamentable es que los partidos políticos buscan que los ciudadanos se sumen
a sus demandas, no ellos retomar las demandas ciudadanas; lo que sucede con las
eventuales consultas populares es una muestra clara de la distorsión del papel
de los partidos políticos en la política mexicana: En lugar de abanderar las
demandas ciudadanas se dedican a intentar aprovecharlas para la consecución de
sus intereses partidistas.
Mejor pudiera
ser que se sometiera a consulta popular temas que verdaderamente perjudican a
la nación y estoy seguro sobrepasaría el número de firmas requeridas: ¿Está
usted de acuerdo en eliminar la corrupción, la prepotencia de los gobernantes y
la ineptitud de los dirigentes políticos?
hist23@gmail.com
0 Comentarios