Enrique
Vargas Orozco
EL
SENADO DECLARARÍA IMPROCEDENTE LA DESAPARICIÓN DE PODERES EN GUERRERO
Ya
ayer en la tarde se frenaron las actividades de la comisión del Senado que
analizaría la presunta desaparición de poderes en Guerrero, porque la mayoría
de los participantes se dieron cuenta que no existía una base legal real ni
política para que pudieran declarar que en el estado no están funcionando los
tres poderes públicos: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Los
legisladores en su mayoría vieron que la propuesta del presidente nacional del
PAN, Ricardo Anaya, no hacía una evaluación correcta de lo sucedido en el
estado, donde todos o casi todos los integrantes del gobierno de Guerrero están
trabajando normalmente, aunque con las alteraciones que han surgido del
problema de los normalistas, por los muertos y los 43 desaparecidos.
De
plano se declaró un receso, aunque no se fijó fecha para reanudar la sesión,
por lo cual lo más seguro es que se quede sin que se cumpla el trámite
siguiente, por falta de elementos o de información para continuar.
Mientras,
unas encuestas realizadas en días recientes, tanto por el propio Aguirre como
por el CEN del PRD mostraron que el 60 por ciento de la población está de
acuerdo en que el mandatario permanezca en el puesto, sin facilitar la
intervención de otras instancias gubernamentales o legislativas que busquen
cambiar el status político de la entidad.
De
los senadores salió un “exhorto respetuoso” al gobernador, para “que tome las determinaciones que sean necesarias, en el ámbito de
sus facultades y de acuerdo con el régimen constitucional y legal de la
entidad, así como a llevar a cabo las acciones que contribuyan a que el pueblo
de Guerrero retomen la confianza y legitimidad en su gobierno”.
El tema de la renuncia se trató también en el Consejo Político
Nacional del PRD y ahí 272 consejeros, del total de 291, se pronunciaron en
favor de no pedir la remoción del gobernador, además de rechazar su presunta
culpabilidad política, como lo había propuesto Pablo Gómez Álvarez.
PERREDISTAS DEL ESTADO DIERON SU TOTAL RESPALDO AL GOBERNADOR AAR
Como se recordará en Acapulco se reunieron legisladores y
dirigentes del PRD estatal, quienes manifestaron su total solidaridad y
respaldo al gobernador AAR, para que se mantenga en el cargo y colabore en la
medida de sus posibilidades al
esclarecimiento de la muerte de varios normalistas y la desaparición de 43, que
se mantiene hasta ahora.
Ahí estuvo el presidente del CEE, Carlos Reyes Torres, el senador
Sofío Hernández, varios diputados locales, en una reunión celebrada en días
pasados, en la que destacó la presencia y la actividad del diputado federal
Jorge Salgado Parra, quien fue uno de los promotores y organizadores de ese
cónclave, uno de los primeros en solidarizarse con el mandatario estatal cuando
otros más insistían en que debería pedir licencia.
Incluso se supo que ese mismo día el senador Armando Ríos Píter
estaba en una reunión paralela en el DF, encabezada por Alejandro Encinas,
quien reclamaba la salida y la licencia definitiva del gobernador Aguirre.
ESTA CRISIS POLÍTICA ha servido también para definir posiciones,
lealtades y deslealtades, aunque algunos de los actores políticos han cambiado
de opinión en varias ocasiones, según como se movían las cosas dentro del
ambiente estatal.
EXHIBE
LÓPEZ ROSAS A DIPUTADOS QUE DESCONOCEN LA LEY Y QUIEREN INHABILITARLO
Desde
hace algunas semanas el presidente de la Comisión Instructora del Congreso del
Estado, Omar Majul Flores, ha divulgado versiones de que ese órgano legislativo
que preside propondrá inhabilitar al ex procurador Alberto López Rosas, por
varios años, por su supuesta responsabilidad en la muerte de dos normalistas de
Ayotzinapa y el empleado de la gasolinera, el 12 de diciembre del 2012, sin que
hasta ahora se haya concretado nada al respecto.
El
ahora secretario del Trabajo dio una respuesta a esa actitud del legislador,
que señaló: “no es ético, no es moral ni jurídico, hacer público un proyecto de
dictamen que aún no está aprobado y que además, se aparta de los principios de legalidad…”
El juicio político que se le sigue lo pidió la CNDH, que explicó
no tiene facultades para pedirlo, porque no existe la denuncia de un ciudadano
sobre tales hechos.
Además, esos hechos del 12 de diciembre aún no terminan de
investigarse y los resultados están archivados, de modo que “es improcedente
que el Congreso del Estado emita una resolución sancionadora, sin tener antes
los resultados completos”.
Por eso hace falta reabrir esa investigación, como propuso el
gobernador Ángel Aguirre para evitar que se sigan cometiendo más
arbitrariedades derivas de ese hecho.
Hizo ver López Rosas que “no he sido inculpado de homicidio alguno,
(en todo caso) se me imputa haber dejado en libertad a los jóvenes
manifestantes y no haberlos puesto a disposición de la PGR. Libertad que se dio
en presencia del Lic. Juan Alarcón Hernández, entonces presidente de la
Comisión Estatal de los Derechos Humanos” y de otros funcionarios y medios de
comunicación.
Recordó que presentó una demanda de juicio político contra la CNDH
por su mala y deficiente intervención y contra Genaro García Luna, secretario
de Seguridad Pública federal, por su responsabilidad en las muertes señaladas y
que ya llevó hasta la ONU, por la falta de respuesta en el país.
Espera que lo ocurrido en Iguala no haga endurecerse la actitud
del diputado Majul en su contra y que se quiera adoptar una actitud de usar esa
circunstancias para impedirle participar en el proceso electoral venidero, con
“una resolución alejada de los principios del derecho que están obligados a
respetar. Seguiré esperando justicia, después de tanto daño moral que se me ha
ocasionado”, señaló.
Es bastante clara la postura legal de López Rosas, por lo que
sería absurdo e ilegal que Omar Majul Flores siguiera adelante con su
determinación de pasar por encima de la ley.
Habría que ver qué lo mueve en ese sentido, porque sería
lamentable que un diputado local actuara de esa manera con total desprecio a la
ley y a los derechos humanos y políticos de un ciudadano como ALR.
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