De complicidades, omisiones, encubrimiento y obstrucción de justicia

Carlos Reyes Romero

“El futuro de la República descansa en la virtud de

sus ciudadanos, más que en las buenas leyes.”

Juan Jacobo Rousseau, citado por Montesquieu.

La semana pasada escribí que el gobernador Aguirre Rivero: “desperdició la oportunidad de reconciliar al gobierno del estado con los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa; peor aún, desperdició la oportunidad de gobernar Guerrero.”

Hoy quiero agregar que el gobernador de Guerrero, con sus sucesivas y contradictorias declaraciones, está echando por la borda la poca credibilidad que le quedaba y se está contraponiendo con el gobierno federal y con la opinión pública nacional e internacional, que cada vez con mayor fuerza condena la grave matanza de Iguala y la desaparición de 43 estudiantes, como lo hizo el martes 7 de octubre el Senado de la República ˗condena ratificada por su presidente este domingo˗ y el Parlamento Europeo el 10 de octubre.

Insisto: El gobernador Ángel Aguirre Rivero debe dejar cuanto antes el cargo, por el bien del estado y de la República y para permitir el esclarecimiento total y absoluto de las responsabilidades en que pudieron haber incurrido tanto el gobierno estatal como el federal, políticamente o por comisión u omisión, en estos actos que ya connotados juristas consideran de lesa humanidad.

Lo mismo debe hacer el actual procurador de justicia del estado, Iñaky Blanco Cabrera.

Además. De comprobárseles actos u omisiones que pudieran haber propiciado, favorecido o no impedido los horrendos crímenes de Iguala, deben fincárseles responsabilidades; ahora sí, como dijo Peña Nieto: “tope donde tope.”

En abono de lo anterior, traemos a la memoria pública algunos casos emblemáticos en los que, de hacerse una investigación pulcra y con verdadera voluntad de encontrar la verdad jurídica, pudiera establecerse que hay responsabilidad oficial: los asesinatos del diputado local Armando Chavarría Barrera y del diputado federal Moisés Villanueva de la Luz, así como del dirigente social, Arturo Hernández Cardona.

Veamos. Armando Chavarría Barrera, presidente del Congreso local asesinado el 20 de agosto de 2009. La averiguación largamente postergada de este caso, ha conducido a establecer la presunta responsabilidad intelectual en este magnicidio del ex gobernador Zeferino Torreblanca Galindo. Existe declaración ministerial del ex procurador, Alberto López Rosas, confirmando que efectivamente en junio de 2011 recabó la confesión del comandante de la policía ministerial Trinidad Zamora Rojo, quien junto con otros agentes de la PGJE habría llevado a cabo la ejecución por órdenes de Torreblanca Galindo. El gobernador Aguirre Rivero debió haber sido informado del caso desde el primer momento y de inmediato instruir que se fuera al fondo de esta indagatoria. La averiguación se distingue por su morosidad y el presunto culpable sigue libre.

Moisés Villanueva de la Luz, encontrado muerto el 18 de septiembre de 2011, junto con su chofer, Eric Estrada Vázquez, en Huamuxtitlán, Guerrero. Las investigaciones condujeron a la detención y sujeción a proceso de los autores materiales de estos homicidios y de Francisco Flores Lorenzo, entonces director de seguridad pública del municipio de Tlapa de Comonfort, todos los cuales reconocieron al edil de ese ayuntamiento, Willy Reyes Ramos, como la persona que ordenó y financió el asesinato del legislador y su chofer. Aunque el juicio de procedencia incoado a Willy Reyes Ramos todavía dormita en el Congreso local, hace más de un año que feneció la inmunidad constitucional que lo protegía; sin embargo sigue libre a ciencia y paciencia de las autoridades ministeriales del estado y de la federación. El gobernador también debió haber sido informado detallada y sucesivamente de este caso, y de hecho así lo ha reconocido públicamente en diversas ocasiones. No se sabe que haya instruido ejercer ninguna orden de detención en su contra, ni si el procurador del estado lo ha hecho a iniciativa propia.

El caso más emblemático para el esclarecimiento de la matanza de Iguala es el del ingeniero Arturo Hernández Cardona, torturado y asesinado en junio de 2013, junto con sus compañeros Félix Bandera Román y Ángel Román Ramírez.

Desde noviembre de 2013, por denuncia de Nicolás Mendoza Villa, uno de los sobrevivientes, se sabe que el ahora edil de Iguala con licencia, José Luis Abarca Velázquez, fue quien directamente asesinó a Hernández Cardona, disparándole con una escopeta. Desde entonces el gobernador y la procuraduría del estado tuvieron conocimiento del caso porque la denuncia fue pública, pero le restaron valor jurídico porque procedía de una declaración ante notario; hoy se sabe que la declaración ministerial del testigo presencial fue levantada desde el mes de marzo de este año. Tampoco se procedió ni a acelerar ante el Congreso del Estado el juicio de desafuero ni a incoar responsabilidades penales a Abarca Velázquez, hasta que la fuga del alcalde luego de presentar su licencia al cargo hizo públicamente evidente su responsabilidad y de que el dirigente perredista René Bejarano denunciara el crimen ante el Consejo Nacional de su partido.

¿De haberse actuado a tiempo contra el edil de Iguala, se hubiera podido o no evitar que sucedieran los trágicos sucesos de Iguala y la dolorosa incertidumbre provocada por la desaparición de los 43 estudiantes, que tanto han conmocionado al mundo?

Seguramente que sí. Cuando menos esa es la percepción que tiene el grueso de la opinión pública.

No mejor paradas quedan las autoridades federales. ¿Acaso el presidente Peña Nieto y el secretario de Gobernación, Osorio Chong, no fueron informados de inmediato de los sucesos? ¿Acaso, la Policía Federal, el Ejército y la Marina no fueron informadas de inmediato? ¿Por qué no ordenaron a los efectivos federales en el área intervenir de inmediato?

Entre el primer asesinato y las primeras detenciones de estudiantes pasaron casi cuatro horas. ¿Por qué no intervinieron los militares destacamentados en Iguala, para impedir que continuara la masacre y se desapareciera a los jóvenes?

Los hechos muestran que en la masacre de Iguala y la desaparición de 43 estudiantes existe una red de complicidades, omisiones, encubrimiento y obstrucción de justicia, que debe ser desentrañada hasta sus últimas consecuencias.