Con su permiso señor
presidente. En los últimos meses la zona Norte del Estado de Guerrero ha
sufrido una importante escalada de violencia.
A lo anterior se
suman los indignantes hechos del viernes 26 y la madrugada del sábado 27 de
septiembre pasado, que dejaron un saldo de seis personas muertas y al menos 20
heridos.
La profunda
indignación de la sociedad guerrerense y de todo el país, incrementa día a día
por la ausencia de 43 jóvenes normalistas que aún se encuentran en calidad de
desaparecidos.
Ante estos
lamentables hechos, el lunes 29 de septiembre pasado, la Procuraduría General
de Justicia del Estado de Guerrero informó que detuvo a 22 elementos de la
policía preventiva de Iguala.
Derivado de las
declaraciones de los detenidos, se hallaron distintas fosas clandestinas, en
cuyo interior se localizaron restos humanos que desafortunadamente se presume
son de estudiantes normalistas.
El gobernador Ángel
Aguirre Rivero instruyó a la fiscalía general del Estado, para promover un
juicio de procedencia ante el Congreso del Estado, en contra del presidente con
licencia del municipio de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, a efecto de que
se le retire el fuero constitucional y pueda responder a los señalamientos
existentes en su contra.
Compañeras y
compañeros, los crímenes contra los normalistas de Ayotzinapa, se suman sin
duda, a las más negras horas de la vida nacional. Es un hecho sin precedente en
la historia contemporánea; de esos hechos que dejan heridas profundas en la
memoria de un país.
La indignación y el
dolor de las familias que han perdido a sus hijos, el agravio de la comunidad
de estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, llegan hoy a esta tribuna.
Después de lo
ocurrido en Iguala, tenemos que reconocer que hoy México es otro. No sólo por
las acciones de violencia del crimen organizado contra jóvenes estudiantes,
sino porque aquí se trata de la erosión y la colusión de la propia autoridad
municipal, que siendo responsable de la seguridad, participó y ordenó asesinar
y desaparecer a ciudadanos.
Hoy en el Senado de
la República están las voces de una sociedad guerrerense agraviada. La demanda
nacional de justicia y la denuncia de organismos internacionales que reclaman
los actos de omisión en los distintos órdenes
de gobierno.
Se requiere llegar
hasta las últimas consecuencias para esclarecer estos hechos de horror y
castigar con todo el peso de la ley, se trate de quien se trate, a los
culpables.
No pueden quedar en
la impunidad este tipo de acciones.
Por lo anteriormente
expuesto, someto de urgente resolución a esta Soberanía, la siguiente
proposición con Punto de Acuerdo:
Primero. El Senado de la República expresa su más profunda
condolencia a los familiares de los estudiantes de la Normal Rural de
Ayotzinapa víctimas de los actos de violencia
cometidos en la ciudad de Iguala, Guerrero.
Segundo. El Senado de la República exhorta al
gobierno de Guerrero y al Gobierno Federal, para que lleven a cabo las acciones
de coordinación determinantes, que conduzcan a la inmediata identificación de los
responsables de dichos crímenes, así como el desmantelamiento de toda la organización
criminal y las redes de complicidad con autoridades y actores de la clase
política que atentan contra la vida, integridad y tranquilidad de los
ciudadanos, y trastocan el Estado de Derecho en la entidad.
Tercero. El Senado de la República solicita que las
investigaciones que se lleven a cabo, se realicen en un marco de transparencia,
celeridad, objetividad y continua comunicación con la sociedad, con el objetivo de identificar y sancionar,
conforme a derecho procedan, a quienes resulten responsables.
Asimismo, a que se
informe a esta Soberanía sobre el avance y resultados de las investigaciones,
para ello se propone conformar un equipo de trabajo plural, dentro de la
Comisión de Gobernación que conjuntamente con la Mesa Directiva, pueda
coadyuvar con las autoridades, para estos propósitos.
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