Responsabilidades del Nuevo Gobierno

Carlos Reyes Romero

Finalmente el gobernador Ángel Aguirre Rivero se ha separado del cargo. Era una decisión ya cantada pero largamente pospuesta por el propio gobernador. Ya es capítulo cerrado.

Ahora el Congreso del Estado tiene la responsabilidad de nombrar a quien habrá de sustituir al que se fue; conforme lo prevé el tercer párrafo del Artículo 85 de la Constitución Política del Estado.

Se barajan ya varios nombres, entre ellos los de la Secretaria de Desarrollo Social Beatriz Mojica Morga, el Diputado local Amador Campos Aburto y el ex embajador de México en Colombia Florencio Salazar Adame; todas y todos los cuales tienen prendas políticas, éticas y administrativas suficientes para un buen desempeño en el encargo. Seguramente habrá más y qué bueno.

Sin embargo, ahora lo más importante es que el nuevo gobierno tendrá que identificar con precisión y aplicar con determinación las medidas consensuadas que hay que implementar de inmediato para distender la polarización y la crispación política que se vive.

Los normalistas deben ser localizados cuanto antes

De entrada, y en primer lugar, habrá que establecer un diálogo franco, directo y propositivo con el movimiento estudiantil-popular que exige la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos y el castigo a los culpables materiales e intelectuales del asesinato de tres normalistas, un joven futbolista de Los Avispones de Chilpancingo, un ciudadano y una ama de casa; además de heridos que continúan graves.

Hay que llevar hasta el fondo las investigaciones caiga quien caiga y tiene que hacerse de manera concertada con los padres de los normalistas y los propios dirigentes de la Sociedad de Alumnos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos y con la coadyuvancia de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero y del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, cuando menos.

El procurador Murillo Karam y el todo gobierno federal deben cumplir efectivamente la palabra empeñada ayer al Padre Alejandro Solalinde.

Los cuerpos de seguridad pública y de procuración de justicia tienen que agudizar todos sus sentidos y utilizar las tecnologías y equipos más modernos para ubicar y detener al ex alcalde de Iguala José Luis Abarca, a su esposa María de los Ángeles Pineda Villa y al director de seguridad municipal Felipe Flores Velázquez; pero también al “Chuky”, operador del cartel Guerreros Unidos, del cual se dice que organizo la desaparición de los normalistas. Él debe saber exactamente adonde se los llevaron.

Por otra parte es preocupante que la PGR ya no lo mencione, ni tampoco diga dónde quedó Salomón Pineda Villa, alias “El Molón”, supuestamente detenido el miércoles 8 de octubre en Cuernavaca. La Marina, el Ejército, el CISEN y Gobernación también guardan sospechoso silencio.

Acabar con la impunidad y la injusticia

En segundo lugar, para contribuir a distender el encendido ambiente político que vive la entidad, el nuevo gobierno está obligado a promulgar una Ley de Amnistía General y Plena, a la que puedan libremente acogerse todas las personas que con motivo de su participación en actos que tienen el propósito de modificar o alterar la forma de gobierno u obtener respuesta gubernamental a demandas económicas, sociales o políticas, son perseguidas, están injustamente encarceladas o han sido sujetas a desaparición forzosa, durante los gobiernos de Zeferino Torreblanca Galindo y Ángel Aguirre Rivero.

Conviene que esta ley también sea respaldada por el gobierno federal, mediante la expedición de una Ley de Amnistía de corten federal, a favor de las personas contra quienes se haya ejercitado o pretenda ejercitarse acción penal por delitos políticos del fuero federal, que se vinculen a las personas mencionadas.

Hay que poner en libertad inmediata a Nestora Salgado García, Gonzalo Molina González, Arturo Campos Herrera, todos ellos integrantes de la CRAC-PC y a Marco Antonio Suástegui Muñoz, vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Parota (CECOP).

Hay que ayudar a reconstituir la CRAC-PC sobre sus bases originales y fortalecer al Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana de la UPOEG.

Hay que acabar con la impunidad y el encubrimiento, llevando hasta sus últimas consecuencias la investigación del caso Chavarría; detener y sujetar a proceso al ex alcalde de Tlapa Willy Reyes por el asesinato del diputado Moisés Villanueva de la Luz; y aprender a José Luis Abarca por su responsabilidad en la matanza de Iguala, pero también por el asesinato del ingeniero Arturo Hernández Cardona y sus dos compañeros.

Urge esclarecer los crímenes de Homero Lorenzo Ríos, Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, Álvaro Rosas Martínez, Rey Hernández García, Margarito Genchi Casiano, Rocío Mesino Mesino, así como las desapariciones  de Eva Alarcón Ortiz y Marcial Bautista Valle, y Longino Vicente Morales, entre otros y llevar a los culpables ante la Ley.

Se requiere también aclarar a fondo los asesinatos de los periodistas Leodegario Aguilera Lucas, Amado Ramírez Dillanes, Juan Francisco Rodríguez Ríos y su esposa María Elvira Hernández Galeana; Evaristo Pacheco Solís; Jorge Alberto Ochoa Martínez; Juan Daniel Martínez Gil; Juan Carlos Hernández; Jean Paul Ibarra Ramírez; Misael Tamayo Hernández; Rafael Villafuerte, Marco Antonio López Ortiz, Jesús Abel Bueno León y Jorge Torres Palacios.

Reencuentro con la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”

Una tercera medida trascendente, es transformar, modernizar y rehabilitar la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” con la plena participación de la comunidad escolar, para definir conjuntamente como fortalecer y consolidar este bastión de la educación popular.

Hay que tener en cuenta que la Normal Rural de Ayotzinapa junto con los internados 20 y 21 de educación básica, ubicados respectivamente en Coyuca de Catalán y Tixtla de Guerrero, son centros educativos para niños y jóvenes de bajos recursos; centros que sobreviven con raquíticos presupuestos, instalaciones ruinosas y con dietas alimenticias que son verdaderamente lastimosas.

Aun así, quienes estudian en ellos dan su mejor esfuerzo para aprender y servir a sus comunidades. De acuerdo a las estadísticas de la propia SEG, los normalistas rurales tienen el menor índice de deserción de las comunidades donde son asignados, por muy alejadas que estén de las zonas urbanas.

Urge el reencuentro gubernamental y de toda la sociedad guerrerense con la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.

Hay muchas otras cosas que se pueden hacer, pero si se empieza con estas es posible avanzar más rápido. El nuevo gobierno tiene la palabra.

Octubre 23 de 2014.