¿Lo que hizo la Suprema Corte sobre la
Consulta Popular?
Bueno,
es desafortunada desde muchos puntos de vista; primero se evita un derecho que
está constitucionalmente avalado, se dan una serie de argumentos que nosotros
desde el debate energético veníamos señalando como pues totalmente faltos de
credibilidad, totalmente faltos de solidez y desafortunadamente lo que se
desacredita es un derecho que en términos de democracia participativa es
sumamente importante, especialmente frente al descrédito de la clase política y
los partidos políticos, que es la consulta popular.
Seguiremos
insistiendo primero que nada en que esos derechos constitucionales existan,
sean presentes, sean válidos y que no
sea la Suprema Corte de Justicia pues un dique, un impedimento para que la
participación de los ciudadanos sea posible a través de este instrumento que es
sumamente importante para revitalizar la vida democrática en el país.
¿Sobre la detención de José Luis
Abarca, por fin, ya declaran?
Sin
duda alguna positiva; es una detención que habrá de ayudar mucho a resolver
este desafortunado rompecabezas, en el cual pues se mantienen después de más de
un mes 43 jóvenes desaparecidos.
Esperamos
que dé pistas, dé indicios, dé información suficiente sobre lo que aconteció no
solamente el 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, sino especialmente todo el
entramado de complicidades, de omisiones, que posibilitaron la existencia de
esta colusión entre autoridades y crimen organizado, pero sobre todo que nos dé
pistas para encontrar a los 43 jóvenes que hoy están desaparecidos. Esa es la
prioridad principal, ese esa la prioridad principal digamos, frente a esta
detención y es lo que hay que exigir, que dé información que ayude a saber el
paradero de los 43 jóvenes que hoy se encuentran desaparecidos.
¿Cuál va a ser la sanción que debería
tener el Ejército, dado que estuvo ahí y no hizo nada, según el informe de la
Cámara de Diputados?
Hemos venido planteando la necesidad
de una comisión de la verdad, primero que se resuelva el asunto de los 43 jóvenes desaparecidos,
que se auxilie a los padres, que se les dé seguimiento a los familiares, en
todos los aspectos: en el aspecto jurídico, en el aspecto de resarcir el daño.
Pero
una comisión de la verdad que vea de una manera mucho más amplia el problema de
Iguala, Guerrero; Iguala, Guerrero es un municipio que representa a muchos
cientos de municipios en el país, y me parece que una comisión de la verdad
debería de saber por qué no participaron las autoridades que estaban ahí
presentes, se trate del ejército, se trate alguna autoridad federal, estatal o
municipal, cuáles fueron las redes de complicidad que permitieron que se dé
esta colusión entre autoridades municipales y crimen organizado, y que esto nos
permita tener un diagnóstico claro de cómo aprovechar el caso de Iguala para
evitar futuras situaciones similares en otras partes, no solamente de Guerrero,
Michoacán, Tamaulipas, sino del resto del país.
Hoy
Iguala es una evidencia del cáncer que corroe muchas partes de nuestro
territorio nacional, de tal manera que una comisión de la verdad con
participación de ciudadanos y ciudadanas, nos permita tener un puente de
confianza con la ciudadanía, garantizar una revisión a fondo el tema, que no se
quede la sensación de que la clase política solamente toma decisiones
burocráticas, que el miedo siga imperando en el país, y obviamente que si se
trata de cualquier autoridad, sea del orden del que se trate, sea federal,
estatal o municipal, pues que habrá castigos ejemplares, y que habrá
señalamientos específicos para que esto no vuelva ocurrir.
Senador ¿qué opinión le merecen las
investigaciones que han sido muy criticadas en México y en otras partes del
mundo, cómo ve usted la actuación de la PGR en este caso tan preocupante?
A
mí me parece que el caso de Iguala tiene primero que nada, resolver lo
fundamental, dónde están los 43 jóvenes normalistas desaparecidos, y a partir
de eso hacer un diagnóstico del funcionamiento, no solamente de la Procuraduría
General de la República, sino de la Procuraduría del Estado.
Repito,
el caso de Iguala tiene que darnos luces de las omisiones, las fallas, las
complicidades, las ausencias que pueda haber en términos de autoridades, y cómo
esto permite y posibilita la actuación del crimen, que el miedo, el cobro de
piso, el secuestro, la extorsión, los asesinatos, las fosas, hoy sean una
característica en Guerrero, pues nos deja con la sensación de que es una
característica en muchos territorios del país.
De
tal manera que hay que diagnosticar en esa lógica, la actuación de la
procuración de justicia y por eso una comisión con participación de ciudadanos,
que avale la participación de la ciudadanía, es importante para no quedarnos
solamente en un contexto burocrático, donde los políticos hagan un acuerdo, una
agenda legislativa que termine no dando señales contundentes de solución
definitiva sobre este tema de la violencia y la inseguridad a la ciudadanía
mexicana.
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