Miguel Barbosa Huerta:
Buenos días, representantes de los medios de información, vamos a dar esta
conferencia de prensa en relación a los hechos de Iguala, de Ayotzinapa, al
escenario tan complicado que estamos viviendo como sociedad; hemos preparado un
documento que va a dar lectura el senador Armando Ríos Piter, que tiene que ver
con hacer una análisis y hacer planteamientos.
Ya
es hora de hacer planteamientos, de que se vea que este asunto va a abordarse
con una estrategia en la que lo importante sea la participación de la sociedad.
Que
se vea como un asunto que nazca de la propuesta social, del núcleo social;
están en juego las instituciones, la instituciones del país, del Estado
Mexicano para poder responder a su pueblo, responder a su sociedad.
Así
es que va a leer este documento el senador Armando Ríos Piter y después
quedamos a disposición de ustedes para preguntas y respuestas.
Adelante
Armando.
Armando Ríos Piter: Muchas gracias.
La prioridad del Estado Mexicano consiste en determinar
el paradero de los 43 normalistas desaparecidos. Ante este hecho la sociedad
está de luto, está indignada y movilizada en el país.
Hasta el momento, los hechos de Iguala, Guerrero y la
imposibilidad de las autoridades estatales y federales de determinar el
paradero de los 43 integrantes de la comunidad de la normal rural de Ayotzinapa,
y de presentar a la totalidad de los responsables materiales e intelectuales
de estos hechos, hacen necesario
esfuerzos adicionales y extraordinarios de todas las instituciones del Estado
Mexicano.
El peso moral de los familiares de las víctimas, las
movilizaciones de la comunidad de la Normal, las acciones de los movimientos
estudiantiles que se han formado para manifestar su solidaridad con los
desaparecidos, las posturas de las
organizaciones civiles nacionales y extranjeras, y la condena de la comunidad internacional,
por la situación que se viven en México en materia de desaparecidos y derechos
humanos, han conformado un poderoso conglomerado social que no estará conforme
hasta que no se dé con el paradero de los 43 desaparecidos y se castigue a los
culpables.
En cada sociedad existe un punto de inflexión y en
materia de impunidad, los hechos de
Iguala, han marcado un límite.
La reciente iniciativa de convocar a un pacto por la seguridad, desde el
gobierno y los partidos, aparece como una acción superpuesta al momento que
vive el país.
La exigencia está en la calle, en las movilizaciones
estudiantiles, en la opinión pública, a
través de las expresiones de solidaridad de la sociedad y en la condena
internacional.
El cambio de discurso, particularmente el énfasis en las víctimas y la prevención,
no dio los resultados esperados. La estrategia: “más inteligencia y menos
violencia” ha sido claramente insuficiente.
La supuesta coordinación entre instituciones del
Ejecutivo Federal y de éste con los gobierno
estatales, tampoco han generado los resultados esperados. Si bien los datos
oficiales reportan que los índices de violencia han disminuido, los hechos de
Iguala y la desaparición de los 43 de Ayotzinapa, han sacado a flote una crisis
estructural, que va mucho más allá de
las cifras.
Los partidos políticos no van a recuperar su credibilidad
declarando que se blindarán contra la
infiltración de la delincuencia organizada. El tema, consiste en tomar
decisiones en sus respectivos institutos políticos y en los mecanismos de
selección de sus dirigentes y candidatos.
Ante esta situación es preciso contribuir a construir una
respuesta que permita superar la crisis.
Por lo anterior, se realizan las siguientes:
Propuestas
Primera: Atención víctimas.
La prioridad es la atención a las víctimas. Dar seguimiento exhaustivo a los
compromisos presidenciales asumidos con los padres de los normalistas el 29 de
octubre; con énfasis en la búsqueda y recuperación de los desaparecidos.
Investigación y castigo a los responsables. Integral reparación del daño. Así
mismo, garantizar un adecuado acompañamiento a las víctimas en materia legal,
médica, psicológica y económica.
Segundo: Formación de una
comisión de la verdad y la justicia. Es indispensable conformar una comisión
ciudadana de la verdad y justicia. Una comisión que permita responder
satisfactoriamente a cuestionamientos como: ¿Qué pasó exactamente el 26 y
27 de septiembre en Iguala, Guerrero?
¿Qué actores del Estado Mexicano supieron la desaparición y como reaccionaron? ¿Quiénes sabían sobre los actos
criminales de Abarca previos a la desaparición de Los 43 normalistas? ¿Por qué
no se tomaron decisiones para investigar estos actos y así prevenir que
escalara el abuso? ¿Cómo se tejió la red de complicidad de Abarca con el poder
político y con el crimen organizado? ¿Siendo Abarca un criminal, cómo llegó a
ser presidente Municipal?
Esta comisión deberá sentar las bases de una deliberación
nacional por la reconstrucción democrática.
Tercero: Construcción de
un acuerdo con la sociedad. Cualquier
acuerdo, o pacto o reunión, debe tener como parte fundamental, el componente
social. La posibilidad de un acuerdo sin este componente, entraña el riesgo de quedarse como una simple foto o
lo que sería peor, como un acto de demagogia.
El país requiere de un acuerdo ampliado para construir un
frente del Estado Mexicano; un acuerdo donde los protagonistas sean los
ciudadanos. Que la sociedad civil sea la
que oriente el debate y la búsqueda de
soluciones. Un acuerdo que nazca con la legitimidad de la calle, a la cual la
clase política deberá sumarse.
El Ejecutivo Federal, los partidos políticos, los
legisladores, los gobernantes locales,
deberán apoyar este ejercicio, único en la historia de México, para
avanzar en un camino diferente.
Debemos estar atentos a las exigencias, llamados y
convocatorias de la ciudadanía y estar dispuestos a participar en el esquema
que la sociedad proponga y se defina de manera conjunta.
El diálogo propuesto, debe generar respuestas específicas
para mejorar la seguridad y terminar con la impunidad.
Cuarto: Fortalecimiento
en la defensa de los derechos humanos. Resulta necesaria la revisión integral
de la defensa de los derechos humanos en nuestro país.
Esta revisión incluiría la desaparición de las comisiones
estatales de derechos humanos y el fortalecimiento de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos.
El que se haya llegado a esta situación en el caso de
Iguala, habla de la necesidad de esta revisión y obliga a la adopción de
acciones legislativas para garantizar la vigencia de los derechos fundamentales
en nuestro país.
Quinto: Sistema Nacional
contra la impunidad y la corrupción. Urgentemente se debe identificar cuáles son los huecos por los que
se infiltra la corrupción en la vida pública, para determinar la forma cómo las
autoridades y criminales llegan a coludirse.
Los hechos de Iguala,
han puesto en evidencia que los titulares de algunas de las instituciones del Estado
(municipios, policías, procuradurías estatales) están capturadas por el crimen
organizado. Lo que sucede en Iguala, no es nuevo, ni es exclusivo de Guerrero,
lamentablemente situaciones similares se presentan en varias entidades del país, en donde el crimen
organizado amenaza la integridad de las
instituciones.
Para construir este sistema es necesario el
fortalecimiento del federalismo en el ámbito penal, la transformación de la procuración de
justicia, y la creación de nuevas figuras penales.
La sociedad exige un cambio de fondo en materia de
seguridad pública, impartición de
justicia y combate a la corrupción
y a la impunidad.
Sexto: Revisión y
reforma de los mecanismos de financiamiento y selección de candidaturas. Para evitar que se repitan hechos como los de
Iguala, resulta indispensable revisar integralmente el nuestro sistema de
partidos, las formas en que se deciden las candidaturas y cómo se financian las
campañas.
Se propone la eliminación de los privilegios de la clase
política como son el fuero y el establecimiento de la revocación de
mandato. Además, se deben establecer controles de confianza y
mecanismos de corresponsabilidad entre partidos políticos y las autoridades.
Séptimo: Fortalecimiento
de los municipios y de las entidades federativas. Resulta indispensable ubicar y corregir las
fallas de coordinación que prevalecen entre municipios, entidades y Federación
en el combate al crimen organizado. Debe terminarse con la lógica perversa del
deslinde de responsabilidades y que cada nivel y orden de gobierno debe cumplir con su trabajo.
Hace falta identificar cuáles y cómo se presentan las
omisiones, que las procuradurías y las policías ministeriales, estatales y
federales tienen frente a cada desaparición forzada.
La sociedad demanda que los servidores públicos cumplan
con su trabajo. Resulta innecesario que el Presidente, los secretarios de
Estado y los gobernadores se reúnan para anunciar que van a cumplir con su
trabajo. Simplemente deben hacerlo.
Y octavo: La creación de
una policía nacional. La reforma legal incluye la creación de una policía
nacional. Se trata de establecer el mando único en el país.
El mando único de las policías estatales sobre las
municipales y de la policía federal sobre las de las entidades federativas.
La sociedad está agraviada por la violencia y ha tomado
la calle, es una responsabilidad de todos contribuir a construir un espacio,
para que las demandas sociales se traduzcan en los cambios fundamentales que requiere el
país, en esta crisis que vivimos.
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