Carlos Reyes Romero
Post scríptum: La PGR informó del envío de jóvenes detenidos la noche del 20 a penales de alta seguridad en Perote y Nayarit. Deben dar marcha atrás; por ese camino la situación puede precipitarse a simas sin fondo.
Desde que el presidente Peña Nieto regreso de su gira por
China y Australia, se le advierte una marcada tentación de recurrir a una
solución de fuerza para sofocar el movimiento por la búsqueda de los 43
normalistas desaparecidos.
Sería un grave error que el gobierno recurriera a la fuerza
pública contra los padres de los normalistas, los estudiantes de la Normal
Rural “Raúl Isidro Burgos” y las fuerzas sociales que apoyan este movimiento.
Ciertamente, la acción de grupos radicales y extremistas, de
los cuales se están deslindando públicamente los principales dirigentes del
movimiento, sirve de pretexto para que los sectores más conservadores del
gobierno presionen para el uso de la fuerza pública, lo cual sólo ahondaría más
la crispación, el hartazgo social y el desencuentro entre el gobierno y la
sociedad.
El problema es básicamente político, aunque tenga raíces en
la polarización económica y la desigualdad social que hace décadas padece el
país, en la inseguridad, impunidad e injusticia que reinan en México y en el
contubernio de policías, autoridades y crimen organizado que impera en vastas zonas
de la nación y del aparato gubernamental.
De ahí que más que de represión, se necesita de soluciones
políticas justas.
Es urgente implementar un conjunto de medidas y acciones que
reencaucen el país hacia el reinicio de la transición democrática y la instauración
de un autentico y efectivo estado de derecho, para que tanto el gobierno como el
pueblo se sujeten a leyes, y éstas no sólo se apliquen al ciudadano común y
corriente mientras los funcionarios públicos de alto nivel gozan de total impunidad
por un modelo de fuero constitucional y leyes de responsabilidades que los
hacen prácticamente inmunes a la acción de la justicia.
El hecho de que la clase política mexicana, la de todos los partidos,
considere la cosa pública como patrimonio propio, del cual puede disponer con
absoluta discrecionalidad y sin rendición veraz y efectiva de cuentas, es la
causa más profunda y viral de la corrupción e impunidad imperantes y del
profundo malestar y descontento que azota al país.
Insistimos. Remontar la actual crisis política y social,
requiere de acciones políticas justas y urgentes, entre las cuales proponemos:
Aplicar estrategias más efectivas y contundentes para la
búsqueda de los normalistas desaparecidos, con una mayor y efectiva
coadyuvancia de los padres de los normalistas desaparecidos y de sus asesores
legales y técnicos.
Cumplir los compromisos establecidos el 29 de octubre de
2014, entre el presidente Enrique Peña Nieto y los beneficiarios de las medidas
cautelares decretadas por la CIDH para el caso de los estudiantes de la Escuela
Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”.
Garantizar el acatamiento de las recomendaciones que emitan
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ˗bajo su nueva presidencia˗ y el
grupo de especialistas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH), instituciones que contribuirán a la búsqueda de los 43 normalistas
desaparecidos y la investigación de las presuntas responsabilidades oficiales
en que se haya incurrido con motivo de la barbarie de Iguala.
Investigar y sancionar a los funcionarios estatales y
federales que habiendo conocido de los asesinatos del ex edil de Iguala José Luis
Abarca, y lo protegieron a él, a su esposa y a su jefe de seguridad pública; de
haberse actuado a tiempo seguramente se hubiera evitado esta barbarie que tanto
indigna a la sociedad y nos desacredita ante el mundo.
Retirar el fuero que todavía gozan constitucionalmente el ex
edil de Iguala y los ex funcionarios públicos del saliente gobierno de Guerrero,
para que puedan ser investigados, sujetos a proceso y sancionados conforme a las
responsabilidades en que hayan incurrido.
Establecer un Acuerdo Nacional para la Erradicación de la
Impunidad y la Corrupción en la vida pública del país, a fin de aplicar una
política de tolerancia cero contra la corrupción y la impunidad, combatir la colusión
de servidores públicos en la comisión de delitos al amparo de los cargos
públicos y blindar el sistema electoral de la infiltración de la
narcodelincuencia. Se trata de un Acuerdo que vaya más allá de los instrumentos
legales e institucionales ya planteados en el Congreso de la Unión, implementando
un sólido acuerdo de voluntades de toda la clase política, con una amplia
concurrencia de la sociedad civil.
Crear un Consejo de Estado que garantice la eficacia y
cumplimiento de este Acuerdo, integrado honoríficamente por los titulares de
los tres Poderes de la Unión, los presidentes de los partidos políticos
nacionales, los titulares de la CNDH y el IFAI y cuando menos cinco
representantes de prestigiados organismos sociales defensores de los derechos
humanos y promotores de la veraz y efectiva rendición de cuentas. En los países
políticamente más avanzados funcionan acuerdos e instituciones de esta
naturaleza.
Reformar la inmunidad constitucional de que gozan el
presidente de la República y los servidores públicos que ahora solo pueden ser
removidos de su cargo o sujetos a proceso mediante juicio político o de
procedencia, a fin de que puedan ser enjuiciados independientemente del cargo
que tengan; el cual perderán en caso de ser hallados culpables.
Acelerar la implantación en todo el país del sistema de
justicia penal acusatorio y oral y revisar sus fines y procedimientos a fin de
garantizar que el debido proceso no se sobreponga ni haga nugatoria la debida
justicia. De otra manera, la prevaricación de la justicia y la impunidad se
estarían volviendo la característica del nuevo sistema.
Reconsiderar la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuanto a la
consulta sobre la reforma energética, el monto de los salarios mínimos y la
reducción de diputaciones plurinominales, planteadas para realizarse el 7 de junio de 2015. El
pueblo tiene pleno y total derecho a decidir sobre estas cuestiones y no sólo los
políticos, en quienes provisionalmente se ha delegado la soberanía popular.
Convendría también analizar la pertinencia de reducir a 200 los diputados de
mayoría relativa; al país no le hace sirve un poder legislativo voluminoso,
costoso e ineficaz.
En nuestra opinión, estas son algunas de las medidas que en
lo inmediato se pueden tomar para encauzar la solución de la actual crisis
mediante el dialogo y la construcción de acuerdos y diseños más democráticos,
federalistas y socialmente participativos para el país.
No son las únicas posibles, pero si son bastante viables
para abordar con actitudes políticas justas lo complejo y dramático de los
sucesos de Iguala.
Otros sectores y personalidades, entre ellos el Instituto de
Estudios para la Transición Democrática han aportado análisis y propuestas para
la superación democrática del país. Eso es bueno, porque muestra que aún en la
más siniestra adversidad los mexicanos buscamos caminos y alternativas para
salir adelante. Ojalá haya más interesados en contribuir a este debate.
Noviembre 22 de 2014
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