Intervención del senador Armando Ríos Piter para presentar Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General de Combate a la Corrupción Política

Me permito poner a su consideración la iniciativa que agradezco a varios compañeros senadores y senadoras, que me acompañen en la presentación de una Ley General de Combate a la Corrupción Política.

El pasado jueves, muchos de nosotros, pero especialmente muchos ciudadanos y ciudadanas, estuvieron atentos al informe que hizo, o a la presentación de un decálogo que hizo el titular del Poder Ejecutivo Federal, Enrique Peña Nieto, para atender la crisis en materia de seguridad y de violencia que se vive en el país.

Todos sabemos que la calle en este país, en este momento está tomada por ciudadanos que por luto, por indignación, por fastidio de cómo está funcionando nuestro país, pues se están manifestando, primero, por la aparición de 43 jóvenes desaparecidos en la ciudad de Iguala, Guerrero, hace poco más de dos meses, pero donde el rostro de esos 43 jóvenes se ha convertido en la representación física de muchos miles de hombres, de jóvenes, de adultos mayores que han desaparecido en el interior del país, que hoy sus familias no encuentran después de dos, tres, cinco, seis años.

Y con esas muestras de madres entregando y enseñando sus brazos para que les tomen una muestra de sangre, para que el ADN les permita saber si una fosa en Tamaulipas, o una fosa en Guerrero o en Michoacán, o una fosa en Durando, es el espacio en el cual puede estar un ser que se mantiene desaparecido, pues es precisamente compañeros y compañeras, esa es la dimensión de la crisis que hoy enfrentamos y la crisis social que manifiesta una importante pérdida, si no es que una absoluta pérdida en la confianza de la clase política, de los partidos políticos, e incluso, y cuesta trabajo pensarlo y decirlo, pero de esta propia vida democrática.

Así escuchamos la posición del presidente Enrique Peña Nieto, y en un decálogo que se quedó corto y que fue claramente insuficiente, escuchamos diez propuestas, diez planteamientos: tres iniciativas de cambios constitucionales que han llegado ya a este Senado de la República, y otros tantos planteamientos administrativos.

Nos tocará en los próximos días, semanas, revisar la ley contra la infiltración al crimen organizado de las autoridades municipales, o la función policial de los estados para que ellos sean, a través del mando único, quienes puedan llevar el control de casi mil 800 policías municipales, y la sensación que queda, compañeros y compañeras, es que el discurso del presidente se queda solamente ahí, en el ámbito municipal, como si el problema fuera solamente de ese estructura, e incluso pareciera ser en el discurso, en las anotaciones del decálogo, que solamente fuera un problema de policías.

Habría que denotar que ahí donde hay infiltración del crimen en un municipio, no solamente se adueñan de la policía. Se adueñan de la tesorería para cobrar el Ramo XXXIII, se adueñan de las autoridades de agua potable, se adueñan de la parte de los catastros, para saber quiénes son los que poseen tal o cual inmueble.

De esa dimensión es el problema y también así de limitado es el planteamiento que hemos recibido el jueves pasado. Y seguirá siendo limitado, compañeros y compañeras, en tanto no se hable del tema fundamental, en tanto el tema de corrupción haya sido uno de los asuntos que están supuestamente hoy en el debate, a través de un sistema nacional de corrupción que nadie conoce, porque no hay iniciativas sobre el particular.

Solamente nos tocó escuchar planteamientos de parte de varias bancadas al hablar de la corrupción, pero estamos discutiendo una iniciativa que no existe, y en cambio, después de más de un año que este Senado de la República, sacó una minuta por unanimidad en materia de Combate a la Corrupción, sigue durmiendo el sueño de los injustos en la colegisladora.

Entonces, de esa dimensión es el tema, no se atiende, no se revisa y no se profundiza en el principal problema que tiene nuestro sistema político y que es el que tiene una situación de colapso en nuestro Estado de Derecho.

La corrupción; la corrupción compañeros y compañeras, que ha corroído todos los espacios de la vida pública, pero de manera particular -y es el tema sobre el que trata esta iniciativa- la corrupción política. La corrupción que inicia ahí en los partidos políticos cuando sin filtros y sin claridad de a quién se pone en un cargo para pedir el voto de los ciudadanos, nos lleva a condiciones como la de Iguala con José Luis Abarca, pero que no solamente tiene que ver con los partidos políticos y con sus filtros, porque si atendemos a lo que dice Edgardo Buscaglia, pues el tamaña del problema no va a ser que el Estado, por parte del Secretario de Gobernación, desaparezca un municipio.

Lo que dice Edgardo Buscaglia, es que el 65 por ciento de los municipios en este país, tiene problemas similares al de Iguala. Ya sea por sometimiento, por corrupción, por colusión de la autoridad. Hoy una importante parte de nuestros municipios, sufren problemas como el que tiene Iguala.

Y si nosotros nos quedamos solamente con este decálogo, como si fuera la respuesta ideal para la magnitud del problema, corremos el riesgo de equivocarnos, corremos el riesgo de que se perciba –como en otras ocasiones ha ocurrido- de que la clase política está dispuesta a tapar el sol con un dedo, a no escuchar a la ciudadanía que hoy está en la calle y a no transformar la realidad que hoy le está pegando a millones de familias en el país.

Y si hablamos de la parte de la corrupción en la hora de tomar decisiones políticas, tenemos que hablar de la corrupción también durante las campañas, durante el proceso político, porque es ahí no solamente donde se ponen de acuerdo candidatos y candidatas, respecto a cuáles van a ser los trámites, o qué empresas los van a llevar, una vez que lleguen al poder.

Es ahí donde se da la cooptación; en ese ámbito territorial, en ese momento de las campañas de cuáles son los territorios de tal o cual actor del crimen organizado que va a tener presencia territorial, por acuerdo implícito con quién está como candidato o candidata.

Nada escuchamos en el discurso del presidente sobre la parte más frágil de nuestro esquema actual, que es la procuración de justicia; nada se habló de las procuradurías estatales y tampoco hubo un sentido autocrítico en la parte de la Procuraduría General de la República, poniendo como marco y como ejemplo, el tema de Iguala, de Ayotzinapa.

Entonces, compañeros y compañeras, pareciera ser que si nos quedamos solamente satisfechos porque ya escuchamos un decálogo, porque ya se presentaron iniciativas, porque vamos a volver a trabajar aquí, en el Poder Legislativo, en estas materias, pues es ignorar la realidad que hoy enfrentamos y la crisis que tenemos que atender.

Es una crisis, no solamente de narco - política, compañeros y compañeras; es una crisis donde los políticos están involucrados con las actividades criminales, y si no entendemos con claridad el problema del Iguala y de Ayotzinapa, y no entendemos el reclamo de la gente, no estaremos a la altura de la transformación que hoy reclama el país.

Por eso me permito someter para ampliar el decálogo, para quedarnos en la intención de que éste no es un problema solamente del gobierno federal, no solamente es un problema de un partido político; es un problema del Estado Mexicano, es un problema de los poderes, es un problema de todos los órdenes de gobierno, atender el tema de la corrupción, que existe en el ámbito político. Es fundamental si queremos resolver el problema de fondo.

Por eso, someto a su consideración, temas como los que he comentado: facultar a las autoridades en materia de combate a la corrupción, para iniciar el trámite de procedimiento, de procedencia mediante denuncia o querella y reducir en un 50 por ciento los plazos para la tramitación de juicio político contra funcionarios públicos, a afecto de hacer realmente expedito este procedimiento.

Tener y reformar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para obligar a ciudadanos aspirantes a ser candidatos a cualquier cargo público, a presentar ante el Instituto Nacional de Combate a la Corrupción, una solicitud de verificación de controles de confianza, que será remitida a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la Unidad de Inteligencia Financiera y al Centro de Investigación de Seguridad Nacional, quienes determinarán si se trata de perfiles idóneos para los cargos de elección popular de que se trate; se trate del más humilde de los regidores, hasta el más encumbrado de los funcionarios públicos en el ámbito federal.

Y de la misma forma compañeros y compañeras, se está planteando que la fiscalía especializada para el combate a la corrupción, dentro de un plazo de 180 días, inicie una investigación sobre el posible desvío de recursos, o nexos con el crimen organizado, de los integrantes del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial, a nivel federal, estatal y municipal.

Estamos a punto de nombrar a quién esté encargado de la fiscalía de Combate a la Corrupción; se ha caído nuevamente en la inercia de pensar que puede ser un cargo más de trueque entre los grupos parlamentarios.

Estoy convencido de que ésa es una de las decisiones cruciales que tenemos que tomar como Senado de la República.

Hoy el combate a la corrupción es el hilo conductor del problema que tiene el Estado de Derecho.

Con iniciativas como ésta, que espero que sean revisadas por ustedes, y que podamos encontrar, repito, visiones del PAN, del PRI, del PRD, de cada uno de los partidos políticos que sufren también este tipo de problema en cada uno de los órdenes de gobierno, podremos tener la visión de Estado que hoy la sociedad y que nuestro país reclama.

La pongo a su consideración y espero que sea un tema que sea parte de un debate sólido, contundente, y de largo plazo como el que nos exigen los ciudadanos mexicanos.