Infamias Recurrentes

Carlos Reyes Romero

I

Hemos llegado al cuarto mes de la barbarie de Iguala y el presidente Peña Nieto mantiene contra viento y marea la decisión de achicar el problema y presentarlo como un evento solamente imputable al crimen organizado, cuya cabeza en este caso serían el grupo Guerreros Unidos, el ex alcalde de Iguala José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda.

Aunque a nivel nacional e internacional la opinión pública y las más calificadas voces de defensores de derechos humanos, de diversos gobiernos y de organismos internacionales, apremian al gobierno mexicano para enfrentar con todas sus consecuencias la colusión entre gobernantes, jueces, policías y la narco delincuencia que Iguala sacó a la luz, Peña Nieto y su equipo continúan haciéndose como el Tío Lolo.

Aunque las evidencias sean muy endebles, contradictorias y poco creíbles, Peña Nieto insiste en que los 43 normalistas fueron calcinados en el basurero de Cocula; versión que cuestionan tanto científicos de la UNAM y la UAM como los peritos forenses argentinos y que cada vez cree menos la opinión pública.

La maniobra distractora de darle más preeminencia a lo electoral en los medios de comunicación que a los acontecimientos de Iguala, tampoco está dando los resultados esperados para el régimen; por todos lados continúan brotando las exigencias de solución y justicia para los asesinados, heridos y desaparecidos de Iguala.

Más aún, las cosas se le están complicando aceleradamente al gobierno y a la clase política mexicana. El acelerado desplome de los precios del petróleo, la caída del peso frente al dólar, la retracción de la inversión nacional y extranjera ante un panorama económico incierto y el bajo crecimiento actual y el previsto de la economía nacional, son factores que amenazan seriamente la de por sí maltrecha economía y el deteriorado bienestar de los sectores mayoritarios del país y presagian estallidos de malestar social.

La gente pierde aceleradamente la confianza en el gobierno y en el sistema político mexicano, lo que tendrá consecuencias fuertemente abstencionistas en los resultados electorales.

Urge ir al fondo del asunto y desentrañar no sólo la responsabilidad que tienen en los sucesos de Iguala los autores materiales de la masacre, sino también en las que incurrieron los personeros políticos que los encubrieron y protegieron; concretamente el entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero, el ex procurador estatal Iñaki Blanco Cabrera, el procurador general de justicia Jesús Murillo Karam, el secretario de gobernación Miguel Osorio Chong, el presidente Peña Nieto, los mandos militares destacamentados en Guerrero y los líderes del PRD, que tuvieron conocimiento y deliberadamente solaparon los crímenes imputados a José Luis Abarca y su esposa y sus vínculos con la narco delincuencia.

II

La reciente renuncia al PRD del senador Alejandro Encinas, ha sacado a flote la profunda podredumbre moral y política en que se ha desbarrancado esa formación política, surgida inicialmente de la revuelta electoral de 1988.

Los que más han enseñado el cobre son los integrantes de la corriente Nueva Izquierda, tribu conocida coloquialmente como “Los Chuchos”, entre quienes destacan Jesús Ortega, Jesús Zambrano, Carlos Navarrete Ruiz, Graco Ramírez Abreu, Guadalupe Acosta Naranjo y recientemente la actualmente senadora Angélica de la Peña.

Es un grupo que proviene de lo que fue el Partido Socialista de los Trabajadores y que desde entonces se ha movido a la sombra del poder, lo que les ha dado poder político y bastante bienestar económico a sus capos.

Siempre han sido la extensión del PRI en la izquierda y negociaron prebendas y espacios políticos con Vicente Fox y Felipe Calderón. Con este último negociaron en lo oscurito su reconocimiento, a cambio entre otras cosas de facilitar el acceso de Guadalupe Acosta Naranjo, en ese entonces presidente interino del PRD, a la gubernatura de Nayarit. López Obrador echó abajo sus pretensiones y los obligo a romper con el PAN.

Los casos de narcopolíticos imputados al PRD han estado siempre ligados a “Los Chuchos” ˗Gregorio “Greg” Sánchez, en Quintana Roo; Julio César Godoy Toscano, en Michoacán; José Luis Abarca Velázquez, en Iguala˗ por nombrar sólo los más sobresalientes.

Hoy estos señores reclaman a Alejandro Encinas el haber obtenido cargos públicos y de elección popular por el PRD, como si este partido fuera patrimonio de “Los Chuchos” e incluso le exigen renunciar a la fracción parlamentaria y a la comisión senatorial que ocupa, dizque porque pertenecen al partido.

Bueno, la verdad es que en su lógica patrimonialista ˗común a toda la clase política mexicana˗ el poder político y todos los cargos que el PRD ha logrado son de su propiedad. Así lo conciben.

Para ellos ˗como para toda la clase política mexicana˗, aquello de que la soberanía dimana directamente del pueblo y debe establecerse y ejercerse exclusivamente en su beneficio, es una frase desafortunada de los enciclopedistas europeos, de los revolucionarios franceses y americanos del siglo XVIII y de Hidalgo y Morelos, que nada tiene que ver con ellos.

El poder que han alcanzado es de ellos y de nadie más y están dispuestos a defenderlo a toda costa y por encima de lo que sea. Faltaba más; para eso son la principal mafia política del PRD en pleno siglo XXI.

Qué bueno que Alejandro Encinas mantiene una sana distancia crítica con el proyecto partidista de López Obrador y que se abre a opciones ciudadanas que no tengan que ver con la construcción de aparatos y estructuras jerárquicas, que necesariamente terminan ahogando e inhibiendo la iniciativa y la energía popular. Enhorabuena.

III

En Guerrero, el gobernador Rogelio Ortega Martínez, le está dando demasiadas vueltas a la puesta en libertad de la comandanta Nestora Salgado García, coordinadora regional en Olinalá; de Gonzalo Molina González, coordinador regional en Tixtla; de Arturo Campos Herrera, coordinador regional en Ayutla de los Libres; todos ellos integrantes de la CRAC-PC. Así como, a la liberación de Marco Antonio Suástegui Muñoz, vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Parota (CECOP), y de todos los policías comunitarios injustamente presos por defender a sus pueblos.

Ya un juez federal estableció los fundamentos jurídicos por los cuales Nestora fue exonerada por los delitos del fuero federal; lo cual es aplicable a los demás indiciados.

Falta que el gobierno del estado se desista efectivamente de la acción por esos mismos delitos en cuanto al fuero común.

Hasta ahora el fiscal general del estado, ha hecho caso omiso de la reiterada públicamente petición del gobernador Ortega Martínez.

¿Por qué? No más por sus pistolas. O será porque en realidad responde más y directamente al gobierno federal, de donde proviene, cuyos efectivos militares fueron quienes aprendieron a Nestora.

El gobernador tiene la opción de conceder indulto a Nestora y a los demás presos políticos de la CRAC-PC y del CECOP, como se lo facultan la Constitución y el Código Penal del Estado. ¿Qué espera, entonces?

Enero 25 de enero de 2015