Ayotzinapa: un caso que quedará abierto

Noé Ibáñez Martínez

Han pasado más de cuatro meses desde la noche del 26 de septiembre de 2014 cuando la Policía Municipal de Iguala atacó a normalistas de Ayotzinapa; ese día murieron seis personas y desaparecieron 43 estudiantes, quienes posteriormente fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula, y sus restos fueron arrojados en el río San Juan, según el informe final de la PGR.

En todo este tiempo, el gobierno federal ha intentado demostrar que los únicos responsables de la masacre son las autoridades municipales tanto de Iguala como de Cocula coludidos con el grupo delictivo conocido como Guerreros Unidos.

En contraparte, los familiares de los estudiantes y demás organizaciones no gubernamentales que los apoyan, además de exigir justicia y presentación con vida de los estudiantes, también han tratado de demostrar la posible participación del Ejército en los hechos y la omisión de las autoridades para castigar a los responsables. Para ellos, fue un crimen de Estado.

A más de 120 días de los hechos, se han detenido más de 90 personas, entre narcotraficantes y políticos implicados; 58 policías de Iguala y de Cocula forman parte de esos detenidos; más de 70 fosas clandestinas se han encontrado en la zona aledaña a Iguala, Cocula, Chilapa y Zitlala; en las que se han localizado más de 89 cuerpos durante la búsqueda de los normalistas desaparecidos; un estudiante ha sido identificado por los expertos forenses de la Universidad de Innsbruck, Austria; servicio por el cual, la PGR deberá pagar 290 000 pesos. Además de las manifestaciones por Ayotzinapa en el país, más de 200 protestas se registraron en América, Europa, Asia y Oceanía el pasado 20 de noviembre.

Lo que sigue del caso es que los padres irán a instancias internacionales.

Este lunes 2 de febrero, una comisión de dos padres de familia de los 43 desaparecidos y dos activistas acudirán a Ginebra, Suiza, a la octava reunión del Comité de Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas, para presentar lo que consideran irregularidades de la PGR en el caso.

Además, este 11 y 12 de febrero se reunirán en Washington, los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que investigarán el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, y determinarán también las fechas de su primera visita a México.

Como otras fechas (2 de Octubre, Jueves de Corpus, matanza de Aguas Blancas, El Charco, Acteal, etc.), el caso Ayotzinapa quedará en la memoria colectiva y permanecerá por muchos años. Con el pasar del tiempo, la narrativa general se irá ajustando, algunos hechos, valores o juicios entrarán, y otros saldrán. Algunos personajes quedarán destacados y otros disminuidos. Sin embargo, jamás se logrará llegar a conocer la “verdad histórica” de lo que pasó la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre. La conclusión que presentó la PGR es su “verdad histórica” a base de testimonios y declaraciones, de la cual, organismos no gubernamentales han puesto en duda.

Hasta ahora, Ayotzinapa no está terminado, ni terminará con la identificación de los muertos ni con la expedición de los certificados de defunción. La construcción narrativa de lo ahí ocurrido, del modo como se hayan contado que los casos ocurrieron, apenas comienza. Es otra lucha, una que se desarrollará en los años por venir y que en ellos producirá sus efectos. De diversas maneras, determinará mucho de lo que pensemos de nosotros mismos y de nuestras autoridades. Algo de lo que todos nosotros habremos de ser en los años por venir.

Así también el modo en que consideramos que actúa o deja de hacerlo el Estado, las posibilidades de establecer relaciones de confianza o desconfianza respecto de él y sus agentes, derivan en mucho de tales sucesos. No de los momentos en sí mismos considerados, no de los hechos en bruto, por decirlo así, sino de la manera en que estos se han construido socialmente.

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