Carlos Reyes Romero
Del lunes 2 al domingo 15 de febrero las y los ciudadanos de
San Luis Acatlán, Guerrero, realizarán un ejercicio de Consulta para decidir si
eligen ayuntamiento y autoridades municipales conforme al sistema de partidos o
bien lo hacen mediante asambleas comunales y por voto popular directo, es decir
conforme se eligen en todo el estado de Guerrero las comisarías y delegaciones municipales,
las presidencias de colonias y las autoridades agrarias.
Esta Consulta tiene relevancia porque es la primera vez que
en Guerrero se consulta directamente a los pueblos originarios sobre asuntos
que les conciernen; antes se hacía a través de foros o recabando la opinión de
los presidentes municipales de los municipios de mayoría indígena.
Por otra parte, el que los pueblos decidan cómo quieren
elegir a sus autoridades, tiene singular importancia en estos momentos en que
están tan cuestionados los sistemas de representación política que nos rigen,
dada la evidente colusión de autoridades, jueces, policías y narcodelincuentes,
que adueñados de la administración pública, han generado un desesperante clima
de inseguridad, secuestros, trata de blancas y extorsión, que tiene el Estado
Mexicano y a los principales partidos políticos sometidos a sus intereses.
Está claro que el sistema de partidos y de emitir votación
que prevalece en México no garantiza la limpieza de las elecciones, por el
contrario ha sido penetrado e invalidado por la compraventa de candidaturas al
mejor postor, el uso de dinero ilícito para el financiamiento de las campañas, la
compra de votos, la abierta manipulación y violación de la voluntad popular por
quienes deben preservarla, y lo más grave: la existencia de árbitros a modo, al
dejar de ser representantes ciudadanos y pasar a ser cuota de los partidos
políticos. Es un sistema que no promueve ni garantiza la paz pública.
Además, la elección de autoridades municipales mediante
sistemas normativos propios, que existe en la mayoría de los municipios de
Oaxaca y que se extiende rápidamente por otros estados de la República, entre
ellos Michoacán y Guerrero, abrió la puerta para el establecimiento de las
candidaturas independientes que por primera vez contendrán en México durante
las próximas elecciones del 7 de junio.
De ahí que el asunto sea de la mayor trascendencia no sólo
para los pueblos originarios, indígenas y afromexicanos de Guerrero, sino
también para toda la ciudadanía guerrerense y mexicana; es parte de la
ancestral lucha de los mexicanos por la libertad política y por el derecho a la
representación política legítima y directa, no mediada por partidos políticos
nacionales y estatales, que salvo muy honrosas y contadas excepciones, han
devenido en verdaderas mafias electorales que sólo buscan al acceso a los
cargos públicos para enriquecerse disponiendo a su antojo del erario público y
coludiéndose con el crimen organizado y con los dueños de las principales
empresas nacionales y extranjeras, quienes saquean nuestros recursos naturales
y explotan y oprimen a quienes viven de su salario y además no pagan impuestos.
Los partidos han prostituido de tal manera la política, que ésta
es ahora la principal fuente de enriquecimiento ilícito, por encima de la narco
delincuencia y del control de las 422 grandes empresas asociadas que difieren
permanentemente el pago de sus impuestos.
Los tres grandes depredadores de la vida nacional, los partidos,
el narco y la oligarquía financiera y empresarial, se han coludido de tal
manera ˗particularmente desde hace 32 años, al inicio del salinismo con Miguel
de la Madrid˗ que han llevado al país por una pendiente de desigualdad social y
de subordinación a los intereses norteamericanos, poco vista antes en América
Latina; ni siquiera, Colombia, Brasil y Argentina, antes tan plegados a la
política estadounidense, han caído tan gacho.
Pero todo tiene su precio. Tres décadas de este rumbo desnacionalizador
han abierto enormes hoyos negros en la economía nacional y hartado de tal
manera a la opinión pública, que hacen imprescindible la necesidad de un cambio
de rumbo, invocado ahora por casi todos los sectores nacionales. La crisis
entra en su máximo esplendor y exige respuestas.
Volviendo al asunto que nos ocupa. Todo empezó el 27 de
febrero de 2012, cuando Marcos Matías Alonso, investigador de tiempo completo
del CIESAS; Erasto Cano Olivera, actual coordinador general del CECAFÉ; y Bruno
Plácido Valerio, dirigente de la UPOEG, en su carácter de ciudadanos indígenas,
solicitaron al entonces Instituto Electoral del Estado de Guerrero la
impartición de una conferencia relacionada con la postulación de candidatos por
el sistema de usos y costumbres.
Los funcionarios consultados respondieron negativamente,
pero aceptaron recibir y contestar una solicitud escrita. Luego de un intenso
intercambio de peticiones y negativas, finalmente, el 31 de mayo de 2012, el
IEEGRO rechazo la solicitud de organizar la elección de ayuntamientos en
diferentes municipios de mayoría indígena del estado, conforme a sus sistemas
normativos propios y sin la intervención de los partidos políticos, como se
consagra en el artículo 116 de la Constitución General de la República.
Con el respaldo de los pueblos y comunidades indígenas de
los municipios de Acatepec, Alcozauca de Guerrero, Ayutla de los Libres, Azoyú,
Chilapa de Álvarez, Cuautepec, Iliatenco, José Joaquín de Herrera,
Malinaltepec, Marquelia, Quechultenango, Tlacoapa, Tecoanapa,
Tlacoachistlahuaca, San Marcos, Xochistlahuaca y Zapotitlán Tablas, el 4 de
junio de 2012 se presentó juicio de protección de los derechos ciudadanos contra
el IEEGRO.
La demanda llego finalmente hasta el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación (TRIFE), el cual resolvió positivamente a favor
del pueblo de San Luis Acatlán, aunque desechando las demandas de los otros
municipios, y obligó al IEGGRO a realizar una investigación sobre la existencia
de sistemas normativos propios de los pueblos para elegir autoridades y a
realizar en ese municipio una consulta acerca de si estaban de acuerdo de
elegir su Ayuntamiento sin la intervención de los partidos políticos.
No fue nada fácil. Los consejeros del IEEGRO, nombrados
mediante el sistema de cuotas de los partidos políticos con registro en la
entidad, opusieron toda la resistencia que pudieron para no acatar la
resolución del TRIFE. Hubo necesidad de interponer todavía dos demandas más,
que también se ganaron y aun así se negaban a acatar el fallo.
Tuvo que venir la reforma constitucional que desconocía los
consejos y magistrados electorales locales y los suplía por otros nombrados por
el ahora INE y el Congreso de la Unión, para que los nuevos consejeros y el
ahora Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero
(IEyPC-GRO), acataran las resoluciones del TRIFE a favor del pueblo de San Luis
Acatlán.
Ya sin los obstáculos de los consejeros de partido, rápidamente
los promotores comunitarios y el IEyPC-GRO se pusieron de acuerdo para convenir
los Lineamientos y el calendario para la Consulta, que se inicia mañana.
Toca ahora a los ciudadanos de San Luis Acatlán decidir
libre y conscientemente el futuro de sus pueblos y de Guerrero. Ellos tienen la
palabra.
Enero 01 de 2015
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