Este día, el senador el
Senador Armando Ríos Piter sostuvo que la discusión del sistema anticorrupción,
requiere un transitorio para comprometer al Congreso a seguir una ruta crítica,
con fechas y acciones específicas, para abordar las leyes secundarias y contar con
un andamiaje legal completo en abril del próximo año.
El senador perredista
dijo que será un trabajo intenso, pues la legislación secundaria contemplará la
elaboración de 8 nuevas leyes, la reforma de 14 vigentes y la agilización de
tres que están pendientes, como son: la nueva Fiscalía General de la República,
Ley de Disciplina Financiera, y la de Propaganda Gubernamental.
Afirmó que cuenta con
cronograma en tres etapas, que inicie en este mes, abril, con la instalación de
grupos plurales y esquemas de trabajo que incluya una convocatoria a
organizaciones civiles para la elaboración de las leyes secundarias, así como
una amplia discusión, que fortalezca un producto legislativo, legitimado de la
mano con la sociedad, para ser aprobado.
Añadió que uno de los
objetivos será buscar los consensos de todos los grupos parlamentarios: “El
nivel de descomposición social, la pérdida de confianza en la clase política y
las instituciones del Estado Mexicano a causa de la corrupción y la impunidad,
obliga a las distintas fuerzas políticas y a las organizaciones sociales, a
mantener una agenda de trabajo permanente”, puntualizó.
Ríos Piter reiteró
que existen serias ausencias en la minuta, por lo que se requieren reservas que
abonen a mejorar la legislación; mantiene el tema del fuero, ya que resulta
indispensable analizar con gran cuidado las condiciones en que existe un
régimen de excepción para ciertos funcionarios como el presidente,
gobernadores, alcaldes, legisladores.
Subrayó que el Comité
de Participación Ciudadana debe figurar como la columna vertebral para asegurar
su posición como catalizador de las preocupaciones cívicas y como vigilante de
la efectiva coordinación, operación y desempeño de los órganos.
En la configuración
desde el texto constitucional del Sistema Nacional Anticorrupción no se
contempló la participación directa de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, a través de dos agencias fundamentales: el Servicio de Administración
Tributaria y la Unidad de Inteligencia Financiera, que permitirían monitorear,
contrastar y rastrear el origen y destino de los recursos públicos y privados,
tanto por el lado de los ingresos como de los gastos o erogaciones.
El dictamen establece
que las recomendaciones que haga el Comité Coordinador, resultado de sus
investigaciones y labor de inteligencia, serán no vinculantes para las
autoridades, lo cual debe cambiar y no dejarse a la voluntad de algunos
funcionarios.
Ríos Piter aseguró
que es necesario garantizar la publicidad de las declaraciones patrimoniales,
de intereses y fiscal de todo aspirante a un puesto de elección popular, así
como de los funcionarios públicos del Estado Mexicano, con la finalidad de
garantizar la transparencia y rendición de cuentas de cara a la ciudadanía.
Otra de sus reservas es
eliminar el secreto bancario y bursátil; el texto constitucional solamente
permite realizar investigaciones en cuatro operaciones de las dieciséis
listadas en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, esto no puede
ser así, puesto que el órgano investigador no debe tener restricción o
limitante alguna para llevar a cabo sus funciones.
En otra reserva pede
revisar el financiamiento de partidos políticos, que resulta fundamental para combatir
el financiamiento paralelo, sea éste de fuentes lícitas y/o ilícitas, sostuvo
Ríos Piter. Lo anterior debe ser aplicable durante los periodos de campañas
políticas así como durante los periodos de operación ordinaria.
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