Noé Ibáñez Martínez
A tres días de las elecciones en Guerrero, las protestas de diversos
grupos sociales pero con un solo objetivo se han intensificado en algunas ciudades
consideradas por el INE como “focos rojos”; aunque el gobierno del estado ha
tratada de minimizarlos y considerarlos como “hechos aislados”.
Las protestas que demandan la presentación con vida de los
43 estudiantes de Ayotzinapa, familiares de los 16 desaparecidos en Chilapa
tras la irrupción de civiles armados, la CETEG contra la reforma educativa, los
normalistas que exigen plazas automáticas para acceder el servicio docente, los
de la CETIG que demandan permisos para transportes de servicios públicos, los familiares
de comunitarios que demandan la libertad de sus líderes, los damnificados de la
tormenta tropical ‘Manuel’ y otros, ajenos a estas demandas que aprovechan la
coyuntura para obtener beneficios personales, están decididos a boicotear los
comicios el próximo domingo.

Estos actos ponen desde luego en alerta a las autoridades,
tanto así que la SEP decidió suspender la aplicación de evaluaciones a los
maestros, que era la principal demanda de la CNTE, como parte de las
negociaciones con la Secretaría de Gobernación que quiere evitar el boicot electoral
y ha reforzado la vigilancia con apoyo del Ejército y la Marina.
Sin embargo, pese a la decisión de la SEP, esto no satisface por completo a la CNTE, ya que intensificó sus acciones con la ‘toma’ de oficinas del INE y la quema de boletas electorales en al menos cinco estados (Oaxaca, Veracruz, Puebla, Michoacán y Guerrero).
Por ejemplo, en Chilapa el mismo INE reconoció que está en
riesgo la instalación del 5 % de casillas en el Distrito 06, ante la oposición
de maestros de la CETEG, familiares de desaparecidos y por la inseguridad.
Si bien es cierto que algunas demandas de los grupos
movilizados son legítimas y que el llamado a las no elecciones son comprensibles,
ya que el voto de los ciudadanos legitima los actos de corrupción en el poder,
sin embargo, el método de lucha no ayuda a convencer a la gran masa que acude a
las urnas, al contrario, reprueba los actos radicales e incluso los confronta,
como sucedió el pasado lunes en Tlapa.
Independientemente de los resultados del próximo domingo
—que da lo mismo porque durante los 90 días de campaña, ninguno de los nueve
candidatos presentó un proyecto que incida en la transformación real de
Guerrero— lo que ha marcado este periodo electoral sin duda son las protestas
sociales; es decir, pocas veces he percibido un proceso electoral tan espeso y
cargado de reproches.
Existe una atmósfera de hartazgo e insatisfacción que se
hacen nudos o se condensan en el proceso electoral que culminará el próximo 7
de junio. El grupo Reforma en un sondeo señala que casi 70 % de su muestra está
insatisfecha con la democracia y que 56 % de los encuestados están preocupados
porque México va por mal camino.
En un artículo de Armando Bartra publicado ayer en La
Jornada, describe muy bien la realidad de las protestas: “Aun manipulado y
pervertido, el voto es un derecho ciudadano universal que debe defenderse y no
secuestrarse por legítimas que sean las demandas particulares que se aleguen
(…). “Lo inaceptable es que se amenace con impedir por la fuerza las elecciones
si antes el gobierno no concede tal o cual demanda: si no aparecen los 43
impediremos sus elecciones, si no derogan la reforma educativa impediremos…, si
no otorgan permisos a transportistas impediremos…, si no conceden cabildos y
diputaciones a indios impediremos…, si no dan programas para el campo
impediremos… No a las elecciones es un error. “No a las elecciones… si no me
conceden lo que pido” es un inadmisible chantaje.
Ya los partidos habían secuestrado a los ciudadanos y ahora
también los secuestran los gremios”.
hist23@gmail.com
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