Averígüelo
Vargas : Enrique Vargas Orozco
Luego
de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa que participaron en los
hechos violentos de Iguala el 26 y 27 de septiembre pasados, donde fueron
detenidos por la policía municipal de José Luis Abarca y luego entregados a
sicarios del grupo delincuencial Guerrero Unidos, los padres de familia
rechazaron la versión de la PGR que concluyó que los estudiantes fueron
trasladados a Cocula, donde fueron asesinados y luego sus cuerpos incinerados y
las cenizas y pequeños huesos esparcidos en el río San Juan, donde
desaparecieron.
Los
padres de las víctimas y quienes actúan como sus asesores, entre ellos quien se
dice vocero de los padres, Felipe de la Cruz, y los dirigentes de Tlachinollan,
Abel Barrera y Vidulfo Rosales, que son los que han recibido una serie de
beneficios y ganancias de las autoridades y otros grupos externos, rechazaron
la versión oficial y decidieron acudir a la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH), que aceptó integrar un Grupo Interdisciplinario de Expertos
Independientes (GIEI), quienes el lunes pasado presentaron su cuarto informe
sobre las investigaciones realizadas, las que los afectados y “gestores”
interesados suponen que podrán echar abajo las conclusiones de la PGR,
presentadas por el entonces procurador Jesús Murillo Karam.
Sin
embargo, ya son cuatro informes los que presentan esos expertos, que
efectivamente trabajan para encontrar la verdad de ese caso de grave violación
de derechos humanos, que trascendió a la opinión pública mundial.
Si
se analizan las “pre-conclusiones” presentadas hasta este lunes, se advierte
claramente que no existe ninguna información o evidencia que contradiga
fundamentalmente la versión difundida por la PGR a principios del año.
DESTACAN
QUE FALTA AUTORIZACIÓN PARA ENTREVISTAR A LOS MILITARES
Los integrantes de la
GIEI no niegan de ninguna manera que los normalistas hayan sido ejecutados,
incinerados y sus cenizas lanzadas al río, sino que únicamente van sobre
detalles colaterales, como el hecho de insistir en interrogar a los militares
del 27 Batallón radicado en Iguala, para obtener la información de cómo y hasta
que nivel tuvieron alguna intervención, que todo indica fue sin tener ningún
trato directo de trascendencia con los normalistas, aunque se sabe que los
vieron y fotografiaron cuando estaban en el hospital, pero ni los detuvieron ni
se los entregaron a nadie, y que a eso se limita la información que se obtiene
hasta ahora y que difícilmente podría cambiar.
Insisten
los expertos en que necesitan esas entrevistas para obtener la información de
los militares sobre los hechos del 26 y 27 de septiembre pasado, aunque hasta
ahora el gobierno federal no ha dado respuesta positiva a esa demanda, porque
seguramente se tiene la información de que la intervención de los uniformados
fue muy limitada y no disponen de más elementos, aunque los imvestigadores
siguen en espera de que se les conceda la autorización de hablar con los
integrantes del 27 batallón.
LOS
DEL GIEI DEBERÍAN PLANTEAR QUE NO PUEDEN MODIFICAR RADICALMENTE LA VERSIÓN
OFICIAL
El reclamo fundamental de los padres de familia ha sido: “vivos se
los llevaron, vivos los queremos”. Con base en ese reclamo fue que se demandó
la intervención de la CIDH, por la falta de confianza en las autoridades del
país y del estado, cuyas versiones rechazaron, pero en los cuatro meses que
lleva de investigación la comisión especial, no han planteado en ningún momento
que los normalistas pudieran estar con vida y que exista la posibilidad de
localizarlos y rescatarlos.
Esa
hipótesis no existe en los planteamientos de los expertos, quienes trabajan
sobre las investigaciones que concluyen que los 43 fueron sacrificados en
Cocula e incinerados. Sólo buscar esclarecer en detalles cómo ocurrió eso.
Los
investigadores aceptados por el gobierno mexicano, deberían partir de la base
de que los muchachos están muertos y que lo que ellos realizan es una investigación
de la forma en que fueron privados de la vida, quemados y lanzados sus restos
al rio, así como la participación y responsabilidad que le corresponde a cada
uno de los involucrados, desde José Luis Abarca y su mujer, los policías
municipales de Iguala y de Cocula, los integrantes del cártel Guerreros Unidos
y la de los militares, que, todo indica, tuvieron un contacto muy limitado con
los después desaparecidos.
Esa
debería ser la premisa básica de la investigación, porque al no puntualizar
completamente que la muerte de los normalistas es el punto de partida de su
investigación, provoca falsas expectativas entre los padres de familia, en el
sentido de que podrían ser encontrados con vida, los que desgraciadamente no
puede ocurrir.
LOS
PADRES NO HAN PODIDO llegar a la aceptación de la muerte de sus hijos porque
han sido manipulados por el vocero farsante Felipe de la Cruz y los
tlachinollos, Abel Barrera y Vidulfo Rosales, quienes han mantenido la
esperanza de los padres de encontrar a sus hijos con vida, porque eso les
representa a ellos ganancias, privilegios y hasta viajes gratis por el mundo.
Puede
verse que los arriba señalados se han beneficiado personalmente de la desgracia
de los ayotzinapos, por lo que son señalados de ser “lucradores sociales”,
porque hacen de esos falsos liderazgos y asesorías de beneficios, su “modus
vivendi”, que les resultan muy lucrativas, porque de gratis no lo iban a hacer.
evargasoro@hotmail.com
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