Noé Ibáñez Martínez
Además del histórico bajo índice de desarrollo humano en
Guerrero a consecuencia del nivel socioeconómico y a la marginación, el
fenómeno de la inseguridad se colocó en la última década como uno de los
principales agentes que incide directamente en la esperanza de vida de los
guerrerenses.
De acuerdo al informe Homicidio:
una mirada a la violencia en México presentado esta semana por el
Observatorio Nacional Ciudadano, revela que en 10 años, de 2003 a 2013, la
esperanza de vida de los mexicanos se redujo, en promedio, cinco meses, y hasta
casi dos años en el caso de Chihuahua, seguido por Guerrero con una reducción
de 1.21 años, debido a la incidencia de los homicidios.
Recordemos que hace unas semanas, el Instituto por la
Economía y la Paz reveló que Guerrero es la entidad más violenta en el país, y
tres de sus ciudades de más de 100 mil habitantes superaron la tasa de
homicidio doloso tan solo en 2014: Acapulco (70), Chilpancingo de los Bravo
(64), e Iguala de la Independencia (18).
Otros estados donde también se redujo la esperanza de
vida son: Sinaloa (1.02), Durango (0.83), Baja California (0.62), Nayarit
(0.62), Morelos (0.49), Michoacán (0.49), Oaxaca (0.48), Tamaulipas (0.44),
Colima (0.42) y Sonora (0.42).
El informe detalla que el grupo de edad más afectado por
los homicidios va de los 15 a los 29 años; es decir, la población joven.
Otro dato importante que revela este estudio es que entre
2012 y lo que va de 2015, en el 80 % de casos de los secuestros que terminaron
en asesinato, no hubo ningún detenido.
En México, el pago de importantes sumas de dinero por el
rescate de una víctima en caso de secuestro no es garantía para conservar la
vida.
En este mismo lapso de tiempo, se registraron hasta 320
casos de víctimas de secuestro en México —más de 100 al año, casi 9 al mes— que
terminaron con el asesinato de la persona.
La entidad con más secuestros que finalizaron en
homicidio es el Estado de México, que acumula 25 % de los casos. Le siguen
Morelos (9.4 %), Guerrero (8.8 %), Veracruz (7.8 %), Tamaulipas (7.5 %), DF
(5.6 %), Michoacán (5.3 %), Jalisco (5 %), Baja California (4.7 %) y Tabasco
(3.4 %).
En este sentido, el documento hace hincapié que tan solo
en cinco entidades —Edomex, Morelos, Guerrero, Veracruz y Tamaulipas—, se
concentra hasta el 60 % de secuestros en los que la víctima murió a manos de
sus captores.
Del total de esas 320 víctimas —250 hombres y 70 mujeres—,
la mayoría (30%) eran comerciantes, aunque también hay casos de empleados (20 %),
e incluso de estudiantes (16 %). Del resto se desconoce cuál era su ocupación.
Lo más grave de estos casos es que en el 80 % de los
secuestros reportados entre 2012 y 2015, no hubo ningún detenido.
De acuerdo al Observatorio Nacional Ciudadanos, lo más
grave se concentra en Guerrero, donde no hubo ni un solo detenido derivado de
la comisión de estos secuestros que acabaron en homicidio.
Por el contrario, el informe señala que entre 2012 y lo
que va de 2015 se detuvieron 216 personas por este delito aunque precisa que
“la mayor parte de las detenciones fue múltiple”; es decir, que se capturó a
más de una persona por caso de secuestro.
Las entidades con más detenidos son Veracruz (20 %),
Jalisco (11 %), Oaxaca (8 %), Tamaulipas (6 %) y Tlaxcala (6 %).
Estos datos sin duda reflejan la crítica situación de
inseguridad y violación radical de Derechos Humanos no solo en Guerrero sino en
todo el país. Mientras por un lado el gobierno destina millones de pesos en
programas sociales, en combatir el analfabetismo y en obras de infraestructura
y de servicios, con el fin precisamente de mejorar el índice de desarrollo
humano y por ente, la esperanza de vida; por el otro lado el fenómeno de la
violencia resta y pulveriza todos estos esfuerzos.
Bien lo considera Alejandro Hope, analista especializado
en temas de seguridad, drogas y delito, “un Estado que no protege el derecho a
la vida, es un Estado que no protege nada”.
hist23@gmail.com
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