Averígüelo Vargas : Enrique Vargas Orozco
Tierra Caliente ha sido vista como una de las regiones más afectadas por la violencia de la delincuencia organizada, lo que provocó que muchas familias fueran desplazadas por la inseguridad, ya que muchas sufrieron el flagelo de la violemcia a través de secuestros, homicidios, cobro de extorsiones y todos los delitos que caracterizan la presencia de esos grupos.
Para enfrentar esta situación y llevar un ambiente de mayor seguridad y tranquilidad a la población de esos municipios de la región, el gobernador Héctor Astudillo dio el banderazo de arranque o de relanzamiento del Operativo Tierra Cliente, en una acción en la que estuvo acompañado por representantes del gobierno federal, como el comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia; el comisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo Cevallos, además de 8 de los nueve presidentes municipales de la zona, que tiene en Pungarabato y Ciudad Altamirano el municipio más representativo.
Hace casi dos semanas que el alcalde de Ciudad Altamirano, Ambrosio Soto Duarte, anunció que renunciaría a su cargo por las presiones y amenazas que había recibido de integrantes de la delincuencia organizada, quienes le exigían pagar una cuota constante y hasta influir en la designación del secretario de seguridad pública del municipio, además de otras exigencias.
Ante la falta de respaldo de un operativo de seguridad confiable y permanente, el edil hizo público su anuncio de renunciar a la alcaldía ante la grave inseguridad que dijo, se vivía en esa ciudad y en la mayoría de los municipios.
El gobierno de Héctor Astudillo pidió el apoyo del gobierno federal para enfrentar esa delicada situación, lo que se concretó el pasado fin de semana, por lo que arribaron policías federales a resguardar a los habitantes de esos municipios afectados y a las propias autoridades, que no tienen el apoyo confiable de las policías municipales, porque son insuficientes, están mal preparados y muchas veces están infiltrados por los delincuentes.
Este fin de semana se advirtió la presencia y la acción de las corporaciones federales en Ciudad Altamirano y en Coyuca de Catalán, principalmente, aunque irán ampliando su presencia y operativos en los nueve municipios que comprenden esa zona que, sin duda, ha sido una de las más castigadas por los grupos delincuenciales.
En este caso destacó la pronta reacción del gobernador Astudillo Flores, para buscar la forma de contener la ola delincuencial que azota a esos lugares, pero también se advierte que el gobierno federal dio pronta respuesta a su demanda de enviar contingentes seguros de uniformados federales, a fin de hacer un buen esfuerzo para reducir las amenazas y acciones impunes de los delincuentes que mantienen en jaque a esa región.
NUEVOS PLANTEAMIENTOS DE LA CIEI HACEN QUE DE HECHO SE ANULE TODO LO QUE SE HIZO HASTA AHORA
En días pasados comentamos que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), planteaba una nueva situación sobre la muerte y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, pues rechazan que fueron asesinados y quemados en Cocula, que de hecho anula todo o casi todo lo que se había planteado hasta ahora, por lo que están por replantear la investigación en base a nuevos datos que manejan y que, sin embargo, no parece que tengan el suficiente sustento en los hechos.
Sin embargo, las autoridades de Gobernación y la PGR han aceptado tácitamente que los integrantes de ese grupo pudieran tener razón, de modo que aceptaron que se haga una nueva presentación del hecho que se produjo hace más de 14 meses, el 26 de septiembre del año pasado.
Basan su planteamiento en imágenes satelitales, que supuestamente niegan que el día de los hechos se haya registrado un incendio de las proporciones necesarias para quemar los cuerpos, por lo indican que el caso del basurero de Cocula debe desecharse como la opción primera para explicar la desaparición de 43 cuerpos.
Sin embargo, habría que plantear que no se trató de un gran incendio con llamas de 4 o 5 metros, sino que habría sido una incineración tipo horno, no de un incendio de grandes proporciones.
Pero, bueno, es el planteamietoo de esos expertos, que están en la investigacíón desde hace más de 8 o 9 meses, tiempo en el que no han logrado hacer un planteamiento claro o con posibilidades de ser definitivo, sino que básicamente han buscado destruir la versión oficial presentada por la PGR a 4 o 5 meses de que se dieron los hechos de Iguala.
El planteamiento que ahora hace el CIEI es que por alguna razón quienes asesinaron a los normalistas decidieron llevárselos al Estado de México o a Morelos, donde posiblemente los habrían sepultado, aunque esto no pasa de ser una de las hipótesis que manejan, sin que se tengan hasta ahora elementos que prueben que efectivamente no los quemaron en Cocula, sino que por alguna extraña razón los habrían transportado a los estados vecinos.
Se advierte que Segob y PGR no tratarán de contradecir la investigación de los expertos, sino dejarlos que desarrollen las propuestas que tienen, para ver si efectivamente llegan a una conclusión definitiva de que fue lo que ocurrió con los normalistas.
Insiste, en que deben dejar que entrevisten con los militares que estaban en esa fecha en Iguala y que tuvieron alguna intervención en lo hechos, como el haber registrado a los estudiantes que estuvieron en un hospital esa noche, luego que algunos de ellos fueron lesionados por los policías municipales.
Habría que preguntar si ya se decharon también las imágenes que muestran a policías de Iguala y de Cocula llevando a estudiantes en las camionetas de la corporación, de los que no se volvió a saber nada.
¿También rechazan los del GIEI que hayan sido indentificados los fragmentos de hueso de dos de las víctimas por el laboratorio austriaco?
Sólo habría que confirmar que los señores expertos están trabajando en el mismo caso de los normalistas de Ayotzinapa, no sea que se vayan a desviar a otros casos semajentes.
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