Averígüelo Vargas : Enrique Vargas Orozco
La región de la Montaña Baja de Guerrero resintió en los últimos meses una oleada de violencia y desapariciones que afectaron a muchas familias de Chilapa, Zitlala y otros municipios indígenas, en los que se dieron numerosas desapariciones y asesinatos, por lo que la gente de esa zona demandaron la pronta y enérgica acción de los gobiernos estatal y federal, además del municipal, aunque este se encentra muy limitado en cuanto a recursos se refiere, por lo que era obligado que las fuerzas armadas y la Policía Federal intervinieran para blindar esos lugares y ofrecer mayor seguridad a la población, además de desarrollar una amplia investigación para dar con el paradero de los más de 50 desaparecidos y muchos otros ejecutados.
Se trata de un operativo sin precedentes, solicitado por el mandatario estatal, Héctor Astudillo, en el que participan 3,500 soldados y marinos, además de 500 policías federales, estatales y ministeriales, un enorme contingente que no se había concentrado en una acción de esta naturaleza, con la que se podrá realizar no sólo la búsqueda de los ausentes, sino rastrear y perseguir a los criminales y realizar una ampla campaña preventiva, para mejorar las condiciones en que se desarrolla la vida en esas comunidades, donde Chilapa es la más destacada.
La ciudadanía de esa amplia región de comunidades indígenas mayoritariamente, demandaron desde hace tiempo que se desarrollara una labor en las condiciones necesarias para enfrentar a los dos principales grupos delictivos que se disputan la región, como “Los Ardillos” y “Los Rojos”, a los que responsabilizan de las acciones delincuenciales que han afectado a una parte importante de la ciudadanía de esos municipios.
El gobernador Astudillo, quien encabezó en el campo de futbol la puesta en marcha del mayor operativo de seguridad que se haya realizado en esa región y en gran parte del estado, señaló que con la ayuda del gobierno federal y la colaboración el gobierno del estado “vamos a dar la gran batalla para que Guerrero salga adelante”, porque hizo ver que aquí hace falta enfrentar la pobreza y sacudirse la violencia.
Destacó que esta importante acción fue decidida por el Gabinete de Seguridad del gobierno federal, que encabeza el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, con la participación directa del gobierno estatal.
Planteó que las desapariciones de decenas de personas que se dieron en mayo pasado, por un grupo de delincuentes que se hizo pasar por policías comunitarios y se llevaron a decenas de jóvenes, principalmente, es algo que “de ninguna manera puede volver a presentarse jamás”.
Destacó que esos hechos demuestran que la criminalidad alcanzó niveles de salvajismo, lo que obliga a realizar acciones oficiales que vayan al fondo de esa grave situación, que será combatida ahora “con decisiones firmes y contundentes para enfrentar nuestra problemática”.
Se ha insistido en que el descuido y el abandono de los tres gobiernos precedentes, que abandonaron el combate a la delincuencia, permitió que esos grupos tan peligrosos alcanzaran las preocupantes dimensiones que ahora muestran y que apenas se empieza a combatir en en este gobierno con la obligada y necesaria intervención del gobirno federal, porque en el estado no existe una corporación policiaca suficiente para hacer frente a este grave problema, porque también eso se descuidó en las etapas anteriores, ya que no se tomaron las decisiones ni se cumplieron las acciones básicas para crear una policía estatal confiable, que pudiera contener la delincuencia en general en el estado, mientras la federación se hacía cargo de enfrentar a la delinciencia organizada.
Ahora, el gobernador Astudillo asumió la responsabilidad de crear la Policía Única Estatal, que es la mejor manera de combatir la delicada situación en que se encuenttran los guerrerenses, aunque ahora tiene que recurrir al apoyo del Ejército, la Marina, Policía Federal y Gendarmería para cumplir esa tarea, que ahora resulta tan complicada por los muchos errores cometidos por los gobiernos deficientes que antecedieron al actual.
Afortrunadamente para el estado, el presidente Enrique Peña Nieto, a través del titular de Segob, Miguel Ángel Osorio Chong, han mostrado la mayor determinación de combatir la delincuencia tan extendida en Guerrero y las acciones autorizadas son determinantes para recuperar el estado de derecho y la aplicación de la ley, porque sin esa ayuda tan amplia y definitva, Guerrero enfrentaría una situación extremadamente delicada e impondría condiciones de vida insuperables para la mayoría de la población.
Afortunadamente, con estos operativos muy grandes y de mucha fuerza ayudarán a que en el menor tiempo posible disminuyan las amenazas y los riesgos que los delincentes imponen a los guererenses.
RECHAZA EL SNTE LA CREACIÓN DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN INDÍGENA
La sección 14 del SNTE, que encabeza el profesor José Hilario Ruiz Estrada, pidió al gobernador Héctor Astudillo “tomar todas las medidas jurídicas y legales” para dejar sin efectos la constitución de la Subsecretaría de Educación de los Pueblos Originarios, ya que advierte que de origen y consecuencia es hoy, más que nunca “inviable desde el pounto de vista técnico, educativo, orgánico y presupuestal”.
Lo que procede, señala el representante del sindicato magisterial, según la Reforma Educativa, que propone la transformación del Sistema Educatruvo Nacional, es la aplicación del “Plan Escuela del Centro”, que enfoca toda la estrategia de los centros escolares y compromete los mayores recursos técnicos, pedagógicos y pesupuestales.
Tal planteamiento, señala el dirigente sindical, Ruiz Estrada, se deriva de las conclusiones del II Parlamento dre Educación Indígena, en el que abordaron todos los asuntos laborales, profesionales, educativos y de seguridad social de los trabajadores de la educación.
La creación de esa subsecretaría es una exigencia de la Ceteg, que busca de esa manera obtener espacios dentro de la estructura de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), aunque las condiciones en que se propone no cumple con los lineamientos educativos derivados de la Reforma Educativa de modo que si se aprobara iría en contra de las nuevas orientaciones para ese sector y en cualquier momento tendría que ser cancelada o anulada.
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