Noé Ibáñez Martínez
Habitantes de Nuevo Balsas, municipio de Cocula, pidieron la intervención de legisladores del Congreso local de Guerrero para que, a su vez, exhorten al Gobierno del estado intervenga en la solución del conflicto entre la minera Media Luna y pobladores de comunidades afectados por la compañía.
Este jueves, una comisión de 15 pobladores viajó desde Nuevo Balsas a la capital del estado para exponer sus problemáticas a los legisladores, quienes, dijeron, no han hecho nada hasta ahora para buscar una solución al conflicto, pese a que ayer se cumplieron nueve días desde que tomaron los accesos a las instalaciones de la mina, propiedad de la compañía canadiense Torex Gold Resources Inc.
En entrevista, Norma Castrejón, representante de la comisión, dijo que la minera que opera en este municipio los ha engañado y no ha cumplido con la indemnización que asciende a 500 mil pesos por cada habitante afectado. Señaló que por parte de la minera la condición es que los inconformes levanten los plantones para que se instale una mesa de diálogo, pero los pobladores rechazan esa condición ya que en septiembre pasado les ofrecieron igual una mesa de diálogo pero finalmente no cumplieron con su promesa. Recordó que el miércoles pasado asistió al plantón el subsecretario de Asuntos Agrarios del gobierno del estado, Fernando Jaimes Ferrel, para tratar de mediar entre ambas partes y retirar el plantón, sin embargo, no tenía autoridad para tomar acuerdos, y dijo que a él lo habían enviado porque ningún otro funcionario quiso ir.
Sobre la situación de los pescadores afectados por la contaminación del río Balsas y las muestras que la Secretaría de Salud tomó y está analizando en laboratorio para corroborar la probable contaminación provocada por la minera, los pobladores dijeron que no existe tal análisis y en caso de ser así, de cualquier forma las autoridades manipularán los resultados a conveniencia de la minera, a quien le protegen sus intereses, acusaron.
Los inconformes pidieron la intervención gobernador Héctor Astudillo para que la empresa repare los daños ambientales y de salud pública causados en la comunidad durante el tiempo que ha estado operando; asimismo, la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para que conozca la situación social que prevalece en la zona. Finalmente, afirmaron que en el plantón, que ayer cumplió nueve días, participan alrededor de 600 habitantes, entre hombres, mujeres y niños, de las comunidades de Nuevo Balsas, La Fundición, Atzala y El Limón.
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