Por Paula Jimena Soto Cruz
Desde la época de las dictaduras de Manuel Estrada Cabrera (1898-1920) y Jorge Ubico (1931-1944), muchos guatemaltecos considerados “enemigos del gobierno” escaparon a México para proteger su integridad física. Como parte de un proyecto ideológico, los gobiernos conservadores del XX en Guatemala promovieron sistemáticamente el sentimiento antimexicano no sólo para justificar los errores en la negociación de los tratados de límites (1881-1895) que crearon la frontera moderna entre los dos países, sino especialmente para frenar la influencia del proceso revolucionario que derrocó en México a la dictadura de Porfirio Díaz y culminó en el proyecto nacionalista revolucionario de Lázaro Cárdenas (1936-1940).
Luego en 1954, tras el golpe de Estado que acabó con el experimento nacionalista revolucionario impulsado por Juan José Arévalo (1945-1950) y Jacobo Arbenz (1950-1954), cientos de familias e individuos que trabajaron para esos gobiernos, o bien, simpatizaban con sus planteamientos, cruzaron el río Suchiate (El río Suchiate delimita la unión de la frontera occidental entre México y Guatemala, específicamente en Chiapas) huyendo de la cacería anticomunista promovida por los intereses de la United Fruit Company (no a la expropiacion estatal de parcelas y de la industria agrícola en general) y el gobierno norteamericano; cabe mencionar que la elite guatemalteca se opuso a la ejecución de cambios que dinamizaran las relaciones entre capital, trabajo y expandieran el mercado interno. Todo esto impulsado por la influencia de la movilización militar de la revolución y del corporativismo estatal mexicano.
Llegar a México para muchos migrantes políticos fue como salir de la oscuridad, de un calabozo y disfrutar un aire de libertad nunca antes experimentado. La oferta cultural de la ciudad de México rivalizaba con las de las capitales más cosmopolitas del mundo y fácilmente el público podía acceder a una masa de información sin comparación en Iberoamérica.
Desde entonces, los guatemaltecos miraban con admiración la política exterior mexicana, los programas de desarrollo, las políticas públicas y la cultura nacional promovidas por el Estado mexicano. Los guatemaltecos no tenían algo equiparable a la calidad y accesibilidad de los servicios públicos, o las tiendas estatales donde miles de mexicanos compraban artículos de primera necesidad a precios más favorables, la posibilidad de acceder a la educación pública superior de manera gratuita, las casas de la cultura que ofrecían entrenamiento y actividades extraescolares al alcance de una mayoría.
Para mediados de 1980 se estimó que había por lo menos 192.000 guatemaltecos en México, de los cuales una buena parte eran refugiados no reconocidos. El resto eran trabajadores indocumentados que fueron quedándose en México después de varios intentos fallidos por llegar a los Estados Unidos; también residentes legales, estudiantes, empleados de la empresa privada o de la administración pública o exiliados políticos.
Actualmente la migración guatemalteca se concentra en la frontera sur de México, según la Organización Internacional para las Migraciones, el 29% de los migrantes guatemaltecos menores de 18 años que emigran ilegalmente tienen como destino México, mientras el 71% restante parte con rumbo a EU.
Un informe de la OIM y la OIT señalan que actualmente el 63% de los guatemaltecos laborando en México se dedica a la agricultura, un 15% a los servicios y ventas, 10% a tareas domésticas, 8% a la construcción y 4% a otras labores.
Durante los últimos años, los gobiernos han realizado modificaciones a las leyes y procedimientos para regular los movimientos migratorios en sus respectivos territorios. En particular, Guatemala adoptó una nueva Ley de Migración y México introdujo reformas a la Ley General de Población y su Reglamento, además ha reforzado la presencia del ejército mexica en el Río Suchiate. Los rasgos más notables son la orientación hacia medidas más restrictivas y la adopción de otras medidas para la deportación de extranjeros no autorizados. En todo caso, se puede afirmar que los cuerpos jurídicos han sido ampliamente rebasados por las dinámicas migratorias que viven los territorios todos los días.
Esta situacion de movilidad expone a los migrantes a escenarios de riesgos, ellos estan propensos a la corrupción, a la violacion de ddhh, al tráfico de personas, hambre y cansancio extremo; todos estos riesgos se incrementan ante la ausencia de mecanismos efectivos para su prevención y para la protección de las víctimas.
Honduras, Guatemala y El Salvador forman el triángulo norte centroamericano, acaparador de tasas altísimas de violencia, reclutamiento y pobreza. Las caravanas fueron toda una novedad a partir de 2018 porque rompían con la lógica habitual, la migración hormiga. Todos juntos eran menos vulnerables frente a delincuentes, secuestradores y extorsionadores. La mayoría de migrantes que integraron la primera caravana lograron llegar a la frontera sur de Estados Unidos, pero hoy en día esto no es tan fácil; las fronteras se cierran, las policías les persiguen y otras rutas peligrosas emergen como respuesta a las dificultades que imponen los gobiernos. A principios de este año 2021, los migrantes optaron por avanzar nuevamente en “operaciones hormiga”, grupos reducidos de 8 a 10 personas que se organizan por medio de WhatsApp; de esta forma esperan evitar ser detenidos por militares y policías que vigilan las fronteras. Pero esta modalidad de migrar ha facilitado el acceso a traficantes y estafadores que buscan aprovecharse de la vulnerabilidad de estas personas a sus grupos de organización por Whatsapp.
El mandato de Trump logró acuerdos a base de amenazas económicas y comerciales con México y Guatemala, Honduras y El Salvador para la contención de migrantes en sus territorios, lo que provocó que México, y hasta cierto punto, Guatemala, adoptaran tácticas que limitan el derecho de las personas a buscar asilo, y muchas veces la gestión de estos problemas migratorios son ineficientes e incluso crueles. México tiene un gran potencial para ser un país de asilo y de respeto a los derechos humanos, pero es necesario mejorar las tácticas de control fronterizo y fortalecer su sistema de asilo e inserción; esperando que la nueva administración de Biden en Estados Unidos este dispuesta a cooperar en los asuntos migratorios de una manera más humana, así como promover el desarrollo en el Triángulo Norte de Centroamérica.
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