Según la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (Raisg), de los 7 004 120 kilómetros cuadrados del bioma amazónico todavía hay 2 441 607 (244 millones de hectáreas) expuestos a actividades extractivas al no contar con el estatus protector de áreas protegidas o de territorios indígenas.
Por ello el WWF planteó “asegurar y ampliar un mosaico de áreas protegidas y territorios indígenas protegidos”, los cuales “deben ser gobernados y gestionados equitativamente, junto con enfoques integrados de gestión del paisaje para la conservación y desarrollo sostenible”.
También se requiere “un compromiso político de alto nivel que aborde directamente los principales impulsores de la pérdida de la Amazonía, como la deforestación, la minería ilegal, la corrupción, el uso indiscriminado de la fauna y otros recursos naturales, y la infraestructura planificada sin consideraciones ecosistémicas”.
En la COP27 el presidente de Colombia, Gustavo Petro, planteó “salvar la selva amazónica como parte sustancial de una agenda de solución a la crisis climática”, y propuso crear un nuevo fondo multilateral “capaz durante 20 años de financiar a las fuerzas sociales, campesinas, agricultoras” presentes en el área.
Esos grupos, “en general personas humildes, son hoy agentes de destrucción de la selva”, por lo que según Petro se debería “transformarlos en una fuerza positiva, lo que significa pagarles mensualmente por servicios ambientales, por cuidar y dejar crecer la selva amazónica”.
Para ese fondo Colombia dispondrá de 200 millones de dólares anuales, y Petro dijo que cuenta con el apoyo de su vecina Venezuela y espera obtenerlo de Brasil, que ocupa más de 60 % de la Amazonia.
La iniciativa 80×25 propone reconocimiento legal, demarcación y financiación de los territorios de pueblos indígenas, y detener el avance de la deforestación, sobre todo la que se lleva a cabo ilegalmente y a escala comercial, en bosques primarios, de alto valor biológico o en zonas que están llegando a puntos locales de no retorno.
Asimismo, fomentar un modelo de desarrollo que detenga los impulsores de la deforestación y degradación; financiar un programa de restauración ecológica a gran escala; y proteger la biodiversidad y especies amenazadas.
“Cumplir con el objetivo del 80×25 es parte de un esfuerzo global para establecer una transición hacia una Amazonía ecológicamente saludable, un cambio hacia la equidad social, el desarrollo económico inclusivo y la responsabilidad global”, resumió Kurt Holle, director de Coordinación Amazónica en el WWF.
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