En el Congreso del Estado se analiza
un exhorto a la Secretaría de Salud estatal para que, en el ámbito de su
competencia, elabore un diagnóstico situacional de Infecciones de Transmisión
Sexual (ITS) e implemente programas o campañas temporales y/o permanentes de
salud sexual para la población de la diversidad sexual y de género en la
entidad.
El
acuerdo que se analiza al interior de la Comisión de Salud fue propuesto por la
diputada Marisol Bazán Fernández, quien señala que se debe abordar la salud
sexual y reproductiva como un asunto impostergable e irrenunciable para el
quehacer del Estado.
Menciona
que gracias a movimientos sociales de feministas y de la diversidad sexual ya
no solo se trata del acceso a la salud como una máxima universal, sino también
de plantear la existencia de derechos sexuales, de los cuales emana la salud
sexual como un grado máximo de salud.
Refiere
que para que la salud sexual se logre y se mantenga los derechos sexuales de
todas las personas deben ser respetados, protegidos y ejercidos a plenitud, en
concordancia con lo que señala la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Sin
embargo, agrega, persisten algunas barreras sociales a superar cuando se habla
de salud sexual, y estas son más altas cuando se trata de la población de la
diversidad sexual y de género, porque generalmente se tiene la idea errónea no
sólo de la aparente desviación sexual de esta población, sino de la
promiscuidad e insalubridad con la que ejerce su vida sexual.
“Estos
prejuicios emanan de un malentendido en torno a la sexualidad y la medicina,
este malentendido aún hoy, a dos siglos de diferencia, acecha a nuestra
sociedad. No ha sido suficiente poner en papel nuestro deseo de garantizar el
acceso a la salud sexual plena, sino que es necesario redoblar esfuerzos y
buscar erradicar cualquier juicio moral en torno a la sexualidad en todas sus
trincheras”, dijo la legisladora.
Manifestó
que la discriminación dentro de los sistemas de salud es un obstáculo clave, ya
que limita el acceso a servicios preventivos y tratamientos adecuados en la
población LGBTIQ+, afectando la calidad de la atención, llevando a diagnósticos
tardíos y a un uso reducido de métodos de protección, lo que pone en riesgo su
salud.
Aunado
a ello, es que muchos profesionales de la salud carecen de formación en
diversidad sexual y de género, lo que impide ofrecer el asesoramiento correcto
o los tratamientos específicos que esta población necesita, como en el caso de
las enfermedades de transmisión sexual como el VIH.
Por
eso, la diputada Marisol Bazán plantea dicho exhorto con el objetivo de
garantizar el acceso a la salud para toda la población, no solo en función de
los datos de prevalencia clínica de alguna infección de transmisión sexual,
sino también para establecer un esquema de salud preventivo, amigable, laico,
objetivo y clínico, con una perspectiva basada en los derechos humanos y la no
discriminación para proteger a la población LGBTIQ+.
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