Con el propósito fundamental de garantizar el cuidado de los datos personales de las mujeres que son víctimas de violencia, la diputada Leticia Mosso Hernández propone adiciones a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Guerrero.
En su propuesta, expone que la violencia contra las mujeres es un problema grave y persistente en la sociedad y que la protección de sus datos personales es crucial para garantizar su privacidad, seguridad y bienestar.
Y es que refiere que la violencia digital y mediática hacia las mujeres se ha convertido en un problema creciente y preocupante, y que de acuerdo con la ONU- Mujeres la violencia de género contra las mujeres y las niñas en línea es una forma universal de discriminación basada en el género y una violación de los derechos humanos, impulsada por los desequilibrios de poder, el patriarcado y la misoginia.
“Las tecnologías de la información y la comunicación y la violencia de género en línea agravan las formas existentes de violencia, como el acoso sexual y la violencia de pareja, y además han introducido nuevas formas de violencia de género facilitadas por la tecnología”, dijo.
Asimismo, añadió que se ha señalado que la violencia digital contra las mujeres y niñas causa graves daños y sufrimientos psicológicos, físicos, sexuales y/o económicos, además, puede tener un efecto paralizador al impedir la participación plena e igualitaria de las mujeres en la vida pública, lo que entraña graves repercusiones sanitarias, sociales y económicas en todos los ámbitos de su vida.
Además, la legisladora refiere que la exposición de mujeres y niñas que han sido víctimas de violencia pueden revictimizarlas y aumentar su vulnerabilidad y la difusión de sus datos personales sin su consentimiento puede generar consecuencias graves como: revictimización, ya que la exposición pública puede reactivar el trauma y la ansiedad; violencia digital y mediática, porque la difusión de información personal puede atraer acosos, amenazas y violencia en línea.
Pérdida de privacidad, porque la exposición pública puede comprometer la privacidad y la seguridad de la víctima; estigmatización, porque la difusión de información personal puede perpetuar estereotipos y prejuicios contra las víctimas.
En ese sentido, Leticia Mosso aseguró que es fundamental que las autoridades, en el ámbito de sus competencias, y las personas que utilicen los medios de comunicación tomen medidas para proteger la privacidad y la seguridad de las víctimas, porque la privacidad y la seguridad de las víctimas de violencia son derechos fundamentales que deben ser respetados y protegidos.
Por ello, propone establecer que es responsabilidad del Estado, de los poderes legalmente constituidos y de los municipios, en los ámbitos de sus respectivas competencias, adoptar por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de violencia contra la mujer.
Por lo que deberán garantizar la confidencialidad de los datos personales de las mujeres víctimas de violencia y evitar transferencia de registros de sus datos personales en todos aquellos libros, archivos, expedientes u otro sistema que puedan ser susceptibles de apropiación de la información por parte de terceros.
La iniciativa se turnó a la Comisión de Justicia para su análisis y emisión del dictamen correspondiente.
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