La Comisión de Justicia del Congreso
del Estado de Guerrero analiza una iniciativa de reforma al Código Penal del
Estado para castigar con penas de quince a treinta años de prisión a quien
cometa el delito de extorsión a través de llamadas telefónicas, redes sociales
y tecnologías de la información, dichas penas aumentarán cuando la víctima
pertenezca a un pueblo o comunidad indígena o afromexicana. Una propuesta del diputado Marco Tulio Sánchez
Alarcón.
En
tribuna, el autor de la propuesta, reseñó que el delito de extorsión a través
de los medios mencionados o cualquier otra tecnología de la información y la
comunicación, cada vez es más recurrente. De acuerdo con datos de la Encuesta
Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, en 2018 en
México se cometieron 5.7 millones de delitos de extorsión, de los cuales, 91.6
por ciento fueron vía telefónica.
Mientras
que Juan Pablo Aguirre Quezada, Investigador del Instituto Belisario Domínguez
del Senado de la República señala que diariamente en México se registran 13 mil
extorsiones en promedio, y es uno de los delitos con mayor incidencia en el
país, y en los últimos años se ha sofisticado mediante el uso de las
tecnologías de la información para engañar y afectar el patrimonio de las
víctimas, situación que en muchas ocasiones no son denunciadas, hecho que
genera cifra negra de este delito.
Explicó
que las extorsiones incluyen los llamados “montadeudas”, que operan a través de
llamadas telefónicas de extorsión y usando la técnica de falsos premios,
engaños, venta de productos apócrifos y suplantación de identidad, que son
algunas de las modalidades más recurrentes con las que se busca enganchar a las
víctimas y obtener un beneficio económico de manera ilegal.
Otros
de los casos más comunes son las llamadas de un supuesto familiar que está en
apuros o secuestrado, amenazas de un supuesto grupo delictivo o autoridades,
así como advertencias de suspender tu línea telefónica por fallas, acciones que
mediante engaños buscan alarmar con la intención de obtener información
personal o dinero, mientras que a través de la tecnología, los delincuentes
ingresan a plataformas de mensajería celular, de donde toman datos y
fotografías de los perfiles de usuario de sus posibles víctimas.
Por
lo antes expuesto, Sánchez Alarcón recalcó que es primordial atender esa
problemática porque es un flagelo que diariamente sufren las familias, por lo
que se requiere realizar reformas al Código Penal estatal para imponer penas
más severas y para combatir frontalmente el delito de extorsión en las
modalidades que se han mencionado. Además, de aprobarse la reforma Guerrero se
estaría sumando a los estados de Morelos, Hidalgo y la Ciudad de México que ya
cuentan en sus códigos penales con la tipificación del delito de extorsión,
cuando se utilice la comunicación vía telefónica, o cualquier otro medio de
comunicación electrónica o de redes sociales.
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